Miren Gutiérrez*
Europa asediada; África llama a las puertas. Esta es la imagen que transmiten los medios que muestran fotografías de pateras atestadas de personas desesperadas por llegar a nuestras costas y de los saltos a la valla de Ceuta y Melilla. Sin embargo, cada vez son menos las personas que se quedan aquí. Según un informe de El País de marzo de 2017, de los/as cerca de 7.500 extranjeros/as que ingresaron en un centro de internamiento en España en 2016 (casi el 90% de procedentes de África), 2.200 fueron expulsados/as (casi el 30%). En comparación, en 2009, las personas internadas en este tipo de centros fueron más de 26.000 (18.300 fueron expulsadas).
A nivel europeo el número de personas que llegan de África está cayendo también. Según The Guardian, que se remite a documentos secretos a los que ha tenido acceso, existe una estrategia paneuropea para reducir la inmigración africana en la Fortaleza Europa, que pasa por minimizar los abusos que sufren decenas de miles de personas en el continente vecino para justificar el cierre de fronteras. Sin embargo, las políticas más restrictivas terminan fomentando prácticas que ponen en peligro a las personas, poniéndolas en manos de redes criminales. Frontex –la agencia europea que gestiona las fronteras— informaba en 2015 que la “alta tasa de rechazo de visado” por parte de los países de la UE está potenciando el tráfico humano.
Parece que nos sobran la gente y sus problemas, pero somos felices de contar con sus recursos. Un informe de varias organizaciones concluía en 2014 que África recibe anualmente 134 billones de dólares en ayuda e inversiones procedentes del exterior, pero pierde 192 billones de dólares en lavado y evasión de dinero, pago de la deuda externa, fuga de cerebros, costos relacionados con el cambio climático, y la pesca y la explotación forestal ilegal, entre otras actividades. Es decir, las naciones ricas toman mucho más de África de lo que le dan; somos parte de sus problemas.
Mientras Europa centra sus esfuerzos en reforzar la seguridad y clausurar sus fronteras a la inmigración legal e ilegal, hay otras medidas que podrían emprender para reparar la situación; una de ellas es dejar de contribuir a empeorar las condiciones de vida de la gente en sus propios países.
Saqueo en los mares
Uno de los problemas que contribuye a perpetuar la situación de desesperación de muchas comunidades es el saqueo al que están sometidas las aguas de los países africanos costeros. África occidental –desde Marruecos a Suráfrica— es un caso aparte. La sobrepesca amenaza con alcanzar límites catastróficos, especialmente en África occidental, y el fenómeno conocido como “pesca ilegal, no declarada y no regulada” coadyuva a la sobrepesca y al agotamiento de los recursos pesqueros. En la región costera que se extiende sólo desde Senegal a Nigeria, el 50% de los recursos pesqueros están sobreexplotados y que un tercio de esto se debe a la pesca ilegal, calcula la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). Las flotas que faenan en esas aguas son asiáticas y rusas, pero también europeas.
Es un hecho probado que la pesca ilegal perjudica los medios de vida de la gente y su seguridad alimentaria, genera personas vulnerables y contribuye al aumento de la pobreza en las comunidades locales. Como es de imaginar, la desaparición de estos recursos es un incentivo para la migración y otras medidas desesperadas. Pero lo más llamativo es que hay una relación todavía más directa entre la pesca ilegal y el éxodo de África. Existen estudios que la vinculan también al tráfico humano, aparte de a la delincuencia organizada, el tráfico de drogas y a otras actividades ilegales. Por ejemplo, Interpol señala que muchos buques extranjeros asociados con la trata de personas en África occidental también participan en la pesca ilegal. Pero incluso cuando los barcos “piratas” son interceptados, muchos casos de trata de personas son manejados como una violación de las leyes de inmigración, por ejemplo, culpabilizando al/a inmigrante en vez de a las redes que se enriquecen con su necesidad.
Asimismo, la organización Environmental Justice Foundation (EJF) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) han documentado varios casos de tráfico de personas y abusos laborales a bordo de buques pesqueros ilegales en la región. Las violaciones a tripulaciones, formadas sobre todo por personas de países en desarrollo, incluyen maltrato emocional, la reclusión involuntaria, el trabajo forzoso sin remuneración, o sea esclavo, y las condiciones de vida inadecuadas.
Es decir, la pesca ilegal no sólo se refleja en una pérdida de biodiversidad y una amenaza para la seguridad alimentaria y los medios de subsistencia de la gente. Existe un creciente número de estudios que la señalan como parte de una red más amplia de delincuencia transfronteriza organizada, tráfico de todo tipo, abuso laboral, lavado de dinero y evasión fiscal. Según un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito de 2011, la pesca ilegal se ha vinculado también a la financiación de actividades terroristas.
La evasión fiscal vinculada a la pesca ilegal es también remarcable. Según un informe global de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre esta cuestión, la delincuencia fiscal en el sector pesquero es prevalente e incluye “el fraude en materia de impuestos sobre beneficios o ganancias, derechos de aduana, IVA (Impuesto sobre el Valor Añadido) y seguridad social”. Este informe agrega que la industria está operada por entramados de empresas offshore que están sujetas a poca o ninguna supervisión, y que la mayor parte de las flotas pesqueras recurren a las banderas de conveniencia.
Un “pabellón de conveniencia” permite que un barco se registre en un país diferente al de los propietarios del buque. Muchas compañías navieras prefieren abanderar sus buques en países con normas de registro laxas. De ahí que los mayores registros de buques sean, en orden de importancia, Panamá, Liberia y las Islas Marshall, que no son precisamente potencias pesqueras. Hay un consenso generalizado en que estos países tienen regulaciones insuficientes o, si las tienen, éstas se aplican mal. En muchos casos, el estado del pabellón no puede identificar a un armador, y mucho menos hacer al propietario responsable civil o criminal de las acciones de un buque. Como resultado de esta falta de control, se critica a los pabellones de conveniencia por proporcionar un entorno que favorece las actividades delictivas, incluidos el terrorismo, la pesca ilegal y el tráfico humano, así como las malas condiciones de trabajo para la gente de mar y los impactos adversos sobre el medioambiente.
La falta de capacidad de los gobiernos africanos para atajar la actividad ilegal en el mar, junto con la poca conciencia y la corrupción, hacen que la identificación de culpables y su enjuiciamiento sea una tarea extremadamente difícil.
Todo ello contribuye a que el abuso de los recursos pesqueros sea extendido y a que quede impune.
Además, en muchos casos las flotas extranjeras que pescan en las aguas del África occidental lo hacen protegidas también por acuerdos secretos que generan muy pocos ingresos para los países africanos. De hecho, según la FAO, los ingresos de los derechos de pesca en estos países producen alrededor de 400 millones de dólares anuales, mientras que la inversión en el sector pesquero podría aportar a estas economías 3,3 billones de dólares en exportaciones. Entre los ejemplos del informe de la FAO, de 2014, figuran los acuerdos de Mauritania con las flotas chinas, surcoreanas y rusas.
Esto tiene enormes implicaciones para el desarrollo y favorece el debilitamiento de las instituciones locales que deberían estar centradas en generar empleos sostenibles, salud y educación. En resumen, los problemas asociados con la pesca ilegal van mucho más allá de las aguas costeras de África occidental, y generan personas vulnerables y desesperadas.
Qué es lo que pasa en el mar
Pero ¿qué pasa exactamente en el mar? El océano en general encarna una especial tragedia de los comunes. La “tragedia de los comunes” es una noción explorada por primera vez por Lloyd para transmitir una situación en la que los individuos que se comportan racionalmente según su propio interés actúan en contra de los mejores intereses de la comunidad agotando algún recurso común. Este dilema es extremadamente contemporáneo hoy en día. Está claro que la mayor parte de las empresas que se dedican a la pesca ilegal están actuando en favor de sus propios intereses y sin pararse a pensar que están acabando con los recursos de los que dependen millones de personas y su propio futuro como negocio.
Los “descartes” son un síntoma de la actitud que tienen muchas de estas empresas. Se trata de la práctica de devolver al mar las capturas no deseadas, ya sea muertas o medio muertas, porque son de tamaño insuficiente, de una especie no deseada, o la mayor parte de las veces porque se ha pescado por encima de la cuota, cancelando de hecho la eficacia de ésta. Existen diversos estudios que calculan el nivel de descarte en hasta la mitad de lo que se captura en general. La reforma de la Política Pesquera Común (PPC) de 2013 tiene por objeto eliminar gradualmente este despilfarro, pero ésta no será muy efectiva si no se ponen en práctica otras políticas que la acompañen, como el monitoreo y el determinar las cuotas sobre la base de cálculos científicos de sostenibilidad, y no cálculos políticos.
Otra actividad que usualmente no se monitorea son los transbordos de pescado en alta mar. Un estudio del Overseas Development Institute de Londres –que se centró en la actividad pesquera en 2013 en las aguas de los países del África occidental— señala que algunos de los barcos que faenaron allí realizaron operaciones de transbordo irregulares o ilegales mientras nadie estaba mirando. La investigación se basa en el análisis de datos y visualización en mapas de las señales que emiten los barcos, que son captadas por satélites y estaciones terrestres. Estas visualizaciones de señales emitidas por los barcos permiten “ver” cómo se han comportado los barcos.
Dichas visualizaciones mostraban concretamente a cuatro enormes barcos procesadores y congeladores, conocidos como reefers, realizando cargas de pescado en aguas de Senegal y Costa de Marfil, donde esta operación está prohibida. El gráfico muestra la señal zigzagueante que deja el reefer Sierra Loba en busca de pesqueros que tengan las bodegas llenas para detenerse a recoger pescado. Cada punto muestra dónde se paró el buque transportador una cantidad significativa de horas y cargó el pescado. En 2013, el Sierra Loba llevaba bandera de Antillas Holandesas (una bandera de conveniencia) y estaba siendo operado por Seatrade Reefer Chartering, con sede en Willemstad (Curaçao) y oficinas en Antwerp (Bélgica). Otros dos reefers, los Nova Florida y Nova Zeelandia, parte de la misma flota, se comportaron de forma similar en áreas donde estaba prohibido transferir pescado. Seatrade Reefer Chartering es también la empresa propietaria de Sierra King, un reefer de bandera holandesa que parece estar haciendo transferencias de pescado en varias aguas jurisdiccionales, a pesar de que la legislación europea también prohíbe la entrada de pescado transferido en alta mar sin observadores a bordo.
Gráfico: Operaciones ilegales del Sierra Loba en las costas de Senegal
¿Por qué la transferencia de pescado en el mar es tan problemática? La práctica del transbordo de pescado en las zonas exclusivas es muy común y legal en algunos países, pero hay mucha presión para que se prohíba cuando no puede ser supervisada por observadores a bordo de los reefers ya que es un verdadero coladero de pesca ilegal. Si no hay nadie monitoreando esta operación, existe la posibilidad de que pescado legal e ilegal se mezcle sin dejar huella. De hecho la UE prohíbe la entrada de pescado transbordado por buques de la Unión; y en esta región africana, Senegal y Costa de Marfil vedan esta actividad en sus aguas. Después de la publicación del informe de ODI, Guinea la abolió también. Además, en los transbordos sin monitoreo puede ocurrir de todo. Según el Proyecto de Black Fish, “los transbordos entre buques pesqueros son un método común para traficar drogas, contrabandear inmigrantes y armas”.
Además, en estos países se están registrando cada vez más enfrentamientos entre pescadores artesanales locales y los industriales. Entre otros muchos, Kelleher y Rottingen han documentado en un informe conflictos de este tipo, especialmente donde los caladeros son pequeños y cercanos a la costa. Un pescador de Sierra Leona, citado en el informe de ODI, afirma extrañar los tiempos de la guerra civil porque “al menos entonces los arrastreros extranjeros que se llevan ahora todo el pescado nos evitaban, y teníamos muchos peces”.
Otro hallazgo de la investigación de ODI es que las cuatro quintas partes de todo el pescado que sale del África occidental se transportan a bordo de contenedores, no en reefers, que hasta hace poco eran el principal método de carga y exportación. El 44% de las exportaciones totales de África occidental está destinado a Europa. El informe señala que existe una rápida y creciente contenerización del pescado. Esto es de vital importancia, porque los contenedores no están sujetos al mismo escrutinio que los reefers por la legislación contra la pesca ilegal de la UE. Los reefers son tratados por la legislación europea como barcos de pesca, y están sujetos al mismo escrutinio, pero los contenedores, no.
Pero perseguir la pesca ilegal e irregular es muy difícil, especialmente si el pescado se ha cargado en medio del mar sin vigilancia. De hecho, la UE, que tiene la legislación anti pesca ilegal más avanzada del mundo, sólo interceptó 26 envíos de pescado en contenedores de todo el mundo en 2012, otros 75 en 2013 y otros 33 en 2014, totalizando 8.000 toneladas métricas de pescado, lo cual es una mínima fracción de lo que importa Europa.
Una cuestión de datos
No existe un único registro de buques pesqueros, cosa que no existe todavía a pesar de que la pesca es un campo altamente “datificado”. Con un número total de buques pesqueros estimado en 4,6 millones, según la FAO, la cantidad de datos relacionados con la pesca es masiva. Los buques pesqueros de cierto tamaño están obligados a inscribirse en los registros nacionales. Por ejemplo, durante su vida útil un único buque puede acumular varias capas de información cada vez que cambia de empresa propietaria, bandera, operadora o nombre. Asimismo, cuando se dedican a pescar ciertas especies o en ciertas regiones, están obligados a registrarse en organizaciones regionales de pesca como la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (CICAA), que supuestamente vela por la explotación sostenible de los túnidos y que, entre otras cosas, obliga a los atuneros a llevar observadores a bordo. Estos observadores van registrando cada uno de los movimientos de los buques, incluidos transbordos de pecado. Igualmente, todos los barcos pesqueros de más de 15 metros de longitud están obligados a emitir señales con información dinámica que contiene, entre otros datos, la hora, la longitud y la latitud, así como el destino, cada varios minutos. Mientras operan en el mar, deben estas señales son captadas por satélites, receptores de otros barcos y estaciones costeras. Con la aparición de servicios comerciales satelitales en 2010, estos datos están disponibles.
A pesar de esta profusión de datos, no solo la pesca ilegal está fuera de control, sino que existe un desconocimiento sobre cuán grande es el problema realmente a nivel global. De hecho el último informe que cuantifica el valor de la pesca ilegal publicado por un equipo encabezado por David Agnew data de 2007. Este informe calculaba que la pesca ilegal ascendía a un quinto de la captura pesquera mundial, o un valor entre 10.000 y 23.500 millones de dólares anuales. Diez años más tarde nadie ha conseguido calcular el total de lo que representa la pesca ilegal actualmente.
El análisis de datos es una forma de soslayar la falta de recursos para monitorear y patrullar físicamente los océanos. Un ejemplo es el informe de ODI, el primero que examina el fenómeno del transbordo de pescado basándose en análisis de big data, que señala a reefers concretos involucrados en operaciones irregulares que no habían sido detectadas previamente.
Qué podría hacerse
El estudio del ODI calculaba que se podrían haber creado en 2013 más de 300.000 puestos de trabajo en los países costeros de África occidental si ellos mismos hubieran podido explotar sus pesquerías. Ello supondría tener las instalaciones, el conocimiento y la tecnología en los puertos para recibir reefers y contenerizar el pescado, así como para procesar, congelar a baja temperatura y transportar el pescado a los países importadores. Actualmente solo algunos puertos de la costa occidental africana cuentan con este tipo de instalaciones, incluidos Walvis Bay (Namibia), Ciudad del Cabo (Suráfrica), Dakar (Senegal), Abidjan (Costa de Marfil), Lagos (Nigeria) y Tema (Gana), y más allá de las aguas africanas, Las Palmas, el mayor puerto de la región. La cooperación debería incluir la transferencia de conocimiento, inversión y tecnología para que los países de la región pudieran crear una industria propia que garantice el futuro de las comunidades costeras, la sostenibilidad de sus recursos y la generación de valor añadido.
Igualmente, los acuerdos de pesca entre Europa y los países de la región tendrían que ser transparentes, y los ingresos que generan se deberían dirigir a generar puestos de trabajo, crear una industria local sostenible y producir riqueza para la gente.
La prohibición del transbordo de pescado sin observadores debería extenderse a todos los países que exportan pescado a la UE, con la esperanza de que esta medida se ampliara a todos los mercados. Los contenedores de pescado se deberían someter al mismo escrutinio que los reefers.
Asimismo, se tendría que poner en marcha un acuerdo global para considerar la pesca ilegal como delito transnacional. Este es el enfoque defendido por Noruega, que traería consigo que la pesca ilegal recayera bajo la responsabilidad de la Interpol.
Habría que crear un registro único de naves y utilzar todas las posibilidades que da el análisis de datos para vigilar y perseguir la pesca ilegal. Un factor es que el movimiento contra la pesca ilegal aún no ha abrazado la llamada “revolución de datos”, y existe una confusión sobre qué funciona y qué no funciona. En la actualidad, algunas iniciativas están intentando utilizar la infraestructura de datos para luchar contra la pesca ilegal, pero con resultados desiguales. Un análisis de sus fortalezas y debilidades de estos proyectos realizado por ODI sugiere que la eficacia de las iniciativas depende de la solidez de los datos con los que se cuenta; que se requieren alianzas más potentes para reunir, estandarizar y analizar cantidades cada vez mayores de datos sobre la pesca; y que un conocimiento profundo de la industria es clave para interpretar los datos correctamente.
Actualmente solo el 2% del mar está protegido. Las áreas marinas protegidas (AMP) son zonas de mares, océanos, estuarios o grandes lagos que restringen la actividad humana con fines de conservación. Se supone que tales recursos marinos están protegidos por autoridades locales, estatales, territoriales, regionales, nacionales o internacionales, pero el nivel de protección difiere mucho. Esta variación incluye diferentes limitaciones a las prácticas de pesca, las temporadas de pesca y los límites a las capturas, turismo y minería. En algunas situaciones, estas áreas protegidas proporcionan ingresos potencialmente iguales o mayores a los que tendrían los países que las crean si concedieran permisos para pescar. En África occidental hay más de cien áreas protegidas de pequeñas dimensiones. Sin embargo, muchas veces se pesca ilegalmente en AMP donde el patrullaje es escaso o inefectivo. Por tanto, muchas más áreas marinas deberían ser protegidas y monitoreadas, ya sea físicamente como vía satélite o drones.
Además, los países de la región deberían firmar, ratificar y aplicar el Acuerdo de FAO de “medidas del estado rector del puerto destinadas a prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no regulada”. El tratado fue aprobado por la FAO en 2009 pero solo entró en vigor siete años después por falta de firmantes. Hasta la fecha Gabón, Guinea-Bissau y Sudáfrica son los únicos países de la región que han ratificado este acuerdo. A nivel mundial, aunque la UE y Estados Unidos lo han ratificado, importantes naciones pesqueras como China, Corea del Sur y Rusia todavía no lo han hecho. Europa puede hacer mucho por presionar para que así ocurra.
Hay razones convincentes para que Europa ponga fin a la pesca ilegal que le afecta y contribuya activamente a terminar con aquella que ocurre lejos de su esfera de influencia. Seguir como hasta ahora es trabajar con entusiasmo en la desaparición de la principal fuente de proteínas animales en países como Gana, Nigeria y Senegal; terminar con especies de enorme valor tanto para la cadena trófica como para los mercados; y darle alas a otras actividades ilegales que terminan por dejar a la gente sin esperanza de futuro y decidida a traspasar las fronteras europeas o morir en el empeño.
Está claro que si las personas que trabajan en el mar lo hicieran con estándares europeos de seguridad laboral, si las empresas que operan los barcos se registraran en banderas con garantías y control efectivos, y pagaran sus impuestos regularmente, si se pescara de acuerdo con límites científicos de sostenibilidad y se eliminaran los descartes, si se suprimiera la pesca pirata y si se persiguieran efectivamente las actividades criminarles relacionadas, el pescado no sería asequible en muchos casos.
Algunos gobiernos han adoptado discursos que hablan de terminar con la pesca ilegal y mejorar la gestión de los recursos pesqueros, pero, por desgracia, eso no se ha traducido en acciones coherentes con esos discursos. Pero por ahora prevalecen los intereses de una industria que se enriquece con la tragedia de los comunes, potenciada por su poder de lobby y de comprar voluntades, la endeble gobernanza de los mares y la debilidad institucional de muchos gobiernos africanos
Por eso es la hora de que abramos los ojos y exijamos gobiernos coherentes, transparencia, sostenibilidad y mercados justos, así como humanidad y justicia para las personas que lo han perdido todo. Es hora de que dejemos de gozar del acceso a productos de calidad a precios asequibles sin preguntarnos qué consecuencias tiene esto. Es hora de que conectemos los puntos que vinculan nuestro estilo de vida con la desgracia de otros.
*Miren Gutiérrez es Directora del Programa “Análisis, investigación y comunicación de datos” de la Universidad de Deusto e investigadora del Overseas Development Institute de Londres, donde ha publicado informes sobre la pesca ilegal y sus consecuencias en el desarrollo.
Referencias
Agnew, D.J., Pearce, J., Pramod, G., Peatman, T., Watson, R., Beddington, J.R. y Pitcher, T.J. (2009) ‘Estimating the worldwide extent of illegal fishing’, PLoS ONE 4(2): e4570.
Clemente, Y., N. Catalán, y A. Alonso. March 17, 2017. ‘Inmigrantes en los centros de internamiento en España’. El País. http://elpais.com/elpais/2017/01/26/media/1485449860_474881.html.
Daniels, Alfonso, Miren Gutierrez, Gonzalo Fanjul, Arantxa Guereña, Ishbel Matheson, y Kevin Watkins. 2016. ‘Western Africa’s Missing Fish: The Impacts of Illegal, Unreported and Unregulated Fishing and Under-Reporting Catches by Foreign Fleets’. Londres: Overseas Development Institute. https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/resource-documents/10665.pdf.
FAO (2014a) The Value of African Fisheries. Roma: FAO.
Garthe, Stefan, Kees Camphuysen and Robert W. Furness. 1996. ‘Amounts of discards by commercial fisheries and their significance as food for seabirds in the North Sea’. Marine Ecology Progress Series 136, 1-11. http://www.int-res.com/articles/meps/136/m136p001.pdf
Frontex. 2015. ‘Africa-Frontex Intelligence Community Joint Report’. Frontex publishes Africa-Frontex Intelligence Community (AFIC) Report. http://frontex.europa.eu/news/frontex-publishes-africa-frontex-intelligence-community-afic-report-acjRuQ.
Gutiérrez, Miren y Alfonso Daniels. 2017. ‘Big fish: What it takes – From data to action’. Londres: Overseas Development Institute.
International Labour Office. 2013. ‘Caught at Sea: Forced Labour and Trafficking in Fisheries’. http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_norm/—declaration/documents/publication/wcms_214472.pdf.
Kelleher, K. y Rottingen, A. (2002) Planning cost-effective fisheries. Monitoring, Control and Surveillance in Mozambique. Oslo: NORAD.
Plaut, Martin. January 26, 2017. ‘Europe’s Crackdown on African Immigration Is Hitting Vulnerable Refugees’. The Guardian. https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/jan/26/europe-crackdown-africa-immigration-vulnerable-refugees-sudan-eritrea.
Sharples, Natalie, y et al. 2015. ‘Honest Accounts? The True Story of Africa’s Billion Dollar Losses’. Report by Health Poverty Action, Jubilee Debt Campaign, World Development Movement, African Forum and Network on Debt and Development (AFRODAD), Friends of the Earth Africa, Tax Justice Network, People’s Health Movement Kenya, Zimbabwe and UK, War on Want, Community Working Group on Health Zimbabwe, Medact, Healthworkers4All Coalition, groundWork, Friends of the Earth South Africa, JA!Justica Ambiental/Friends of the Earth Mozambique. https://www.francophonie.org/IMG/pdf/honest-accounts_final-version.pdf.
Phelps Bondarof, Teale N. April, 2015. ‘The Illegal Fishing and Organized Crime Nexus: Illegal Fishing as Transnational Organized Crime’. Black Fish. http://theblackfish.org/Fishing_Crime.pdf.
UNODC (2011) Transnational organized crime in the fishing industry. Focus on: trafficking in persons, smuggling of migrants, illicit drugs trafficking. Viena: United Nations Office on Drugs and Crime.
