Vientos de infortunio: El adverso efecto de los desastres ´naturales´ en el desarrollo.

Hay consenso: estar preparado es cuestión de vida o muerte cuando golpea un desastre ‘natural’. Se ha visto en la práctica esta semana en Gran Bretaña, Holanda y Francia, donde una tormenta con vientos huracanados de 160 kilómetros por hora (la peor en una década) ha causado ´sólo´ cinco muertos.

Y también se vio en Odisha, India, hace dos semanas. El ciclón Phailin acabó con la vida de unas 40 personas, un número relativamente bajo si se compara con los 10,000 muertos que dejó a su paso un ciclón similar en 1999.

Esto precisamente confirma un reciente informe del Overseas Development Insitute, que indica que el clima extremo vinculado con el cambio climático es cada vez más frecuente y en el futuro causará mayores desastres, pero que aquellos que inviertan en prepararse y prevenir desastres serán mucho menos vulnerables.

Según el informe, hasta 325 millones de personas extremadamente pobres vivirán en los 49 países más propensos a sufrir desastres ‘naturales’ en 2030, la mayor parte de ellos en el sur de Asia y el África subsahariana. Se trata de lugares con bajos niveles de preparación. Estos desastres, especialmente aquellos ligados a las sequías, podrían ser la causa más importante de empobrecimiento, cancelando el progreso alcanzado en la reducción de la pobreza.

Los 11 países con más riesgo de sufrir pobreza inducida por desastres son Bangladesh, República Democrática del Congo, Etiopía, Kenia, Madagascar, Nepal, Nigeria, Paquistán, Sudán del Sur y Uganda.

España, aunque no tiene niveles de pobreza comparables y muestra niveles de preparación altos, es un país preocupante por estar en una de las zonas del mundo más intensamente afectadas por la sequía (medida como falta de precipitación en comparación con la media).

Mundo

Entre los países latinoamericanos, Honduras destaca como uno de los países en peor posición por sus niveles futuros de pobreza y las proyecciones para 2030 de terremotos, ciclones, sequías, olas de calor e inundaciones. Los grupos de países con bolsas importantes de personas extremadamente pobres viviendo en zonas que serán azotadas por este tipo de desastres incluyen también Haití, México, Guatemala, Nicaragua y Belice.

Los objetivos de desarrollo que se están negociando es estos momentos y reemplazarán los objetivos del milenio en 2015 deberían incluir metas centradas en afrontar los desastres ‘naturales’ y el cambio climático, y reconocer la amenaza que éstos significan para alcanzar el objetivo de erradicar la pobreza extrema, recomienda el informe. La gestión de riesgo de desastres (conocida como GRD) debería también ser un componente clave en los esfuerzos para reducir la pobreza.

Otro estudio de ODI indica que la comunidad internacional dedica a la GRD una fracción de lo que gasta en reaccionar a desastres. Cerca de 1 billón de dólares se destinan a prepararse para desastres anualmente, mientras 7 billones de dólares son necesarios al año para responder a inundaciones, terremotos y sequías. Un ejemplo de esta desproporción fue el tsunami el Océano Índico y el terremoto en Kachemira de 2005. Unos 3.3 billones de dólares se emplearon en las tareas de reconstrucción, cerca de un cuarto de lo asignado en todo el mundo a la prevención durante dos décadas.

Este informe también revela que uno de los mayores factores en la mejora de la prevención es que ocurra un desastre, como se vio en Odisha, India. Esperemos que no hagan falta muchos más recordatorios de que prevenir es mejor que curar.

 

*Miren Gutiérrez es Directora de Comunicación del Programa para el Clima y el Medioambiente del Overseas Development Institute en Londres, Gran Bretaña.

Cop 19 Varsovia: Bajas expectativas, enormes retos.

descarga.jpgPor Miren Gutiérrez* .- Las malas noticias –tanto puntuales como referentes a largos procesos— se agolpan a las puertas de la décimo novena en la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en Varsovia, que comienza el lunes.

Las emisiones de gases efecto invernadero suben inexorablemente, mientras los gobiernos del mundo continúan gastando nuestro dinero en uno de los sectores que más contribuye al cambio climático: los combustibles fósiles.

Un informe del Overseas Development Institute publicado esta semana revela que los países más ricos –incluida España— están subsidiando combustibles fósiles a una media de cien dólares por persona y año (un total de medio trillón de dólares anuales). El informe también revela que estos subsidios en los países ricos superan en una proporción de uno a siete los llamados Fondos para el Clima transferidos a los países en desarrollo –históricamente los menos responsables del cambio climático— para ayudarlos a que se adapten a y mitiguen el cambio climático.

El apoyo financiero a los combustibles fósiles en forma de subsidios supera ampliamente lo dedicado a energías renovables, y en algunos países, como Paquistán y Bangladesh, duplica lo destinado a la salud pública.

Otro dato revelado por el informe indica que los once mayores emisores entre los países ricos (incluida España) dedicaron una media de siete dólares a subsidios por cada tonelada de gas de efecto invernadero que generan.

En junio nos enteramos de que las emisiones globales de CO2 –dióxido de carbono, el principal causante del efecto invernadero— habían aumentado 1,4%, en 2012 para llegar a los 31,6 billones de toneladas,  según un informe de la IEA.

El quinto informe del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (conocido por sus siglas en inglés IPCC) confirmaba en octubre que, sin lugar a dudas, este cambio climático tiene un origen humano y que sus impactos sobre las temperaturas, el nivel del mar y los ecosistemas son cada vez más preocupantes.

El IPCC también decía que las emisiones de gases de efecto invernadero no deberían superar el trillón de toneladas – un tope al que nos estamos acercando peligrosamente— si queremos permanecer por debajo de un aumento de temperaturas de dos grados centígrados. Ya hemos ´gastado´ 53% de nuestro ´presupuesto´ en carbono y, al ritmo que vamos, podríamos terminar con el resto en cuestión de tres décadas.

Superar estos dos grados sería suicida para muchas partes del mundo. Y la pregunta ahora es cómo se debería distribuir lo que queda.

La comunidad internacional se reúne en Varsovia a partir del lunes, durante dos semanas, un hito en el camino hacia un posible acuerdo internacional para enfrentar el cambio climático y tomar decisiones sobre las emisiones en 2015.

El último informe anual del Programa de Naciones Unidas para el Medioambiente Gap report indica que, aunque los países cumplieran con sus compromisos de reducción, las emisiones en 2020 van a estar por muy encima de lo que se necesita para tener mantenernos por debajo de un incremento de temperatura del dos grados centígrados. Así que el reto no es desdeñable.

Otro de los puntos más espinosos para Varsovia, cómo no, es el dinero. Actualmente hay un acuerdo para, a partir de 2020, dotar los llamados Fondos para el Clima con cien billones de dólares anuales transferibles a los países en desarrollo para ayudarlos a lidiar con el cambio climático. Varios informes de ODI indican que los países en desarrollo, y los más pobres en estos países, serán en el futuro los más afectados por los efectos del cambio climático en el acceso a recursos vitales como agua, comida y energía, y hasta en su salud, educación y seguridad.

En medio de la profunda crisis económica que asola muchos países ricos –entre ellos España—, cien billones de dólares pueden parecer mucho dinero. Pero el nivel de inversión que se calcula que en realidad se necesita en los países en desarrollo para encarar el cambio climático se eleva a entre 0,65 7y 1,5 trillones de dólares anuales, según otro informe de ODI. El nivel de compromiso actual ni se acerca.

Según la autora del informe de ODI sobre subsidios, Shelagh Whitley, muchos gobiernos calculan que podrán canalizar una cantidad importante de fondos del sector privado hacia proyectos que encaren el cambio climático a través de políticas de incentivación y subsidios. Pero lo que ocurre en los hechos es que, en vez de utilizar estas intervenciones en apoyo de las energías renovables, se incentiva activamente la energía ´sucia´, como se puede ver por el masivo nivel de subsidios a los combustibles fósiles. Ello implica también una pérdida de oportunidad para apoyar otro tipo de energía.

El nivel de ambición y las expectativas para Varsovia son bajos. Pero no tiene por qué ser así. Esta cumbre podría significar un punto de inflexión si se adoptan compromisos concretos para eliminar los subsidios a los combustibles fósiles y para incrementar el nivel de empeño con los Fondos para el Clima.

*Miren Gutiérrez es Directora de Comunicación del Programa para el Clima y el Medioambiente del Overseas Development Institute en Londres, Gran Bretaña.

¿Otro clavo en el ataúd de la COP de Varsovia?

Por Miren Gutiérrez* para EFEverde.- Las negociaciones de Naciones Unidas sobre clima en Varsovia comenzaban esta semana rodeadas de malas noticias. Malas noticias en cuanto a subida de las emisiones de gases de efecto invernadero, el futuro de los más vulnerables y las bajas expectativas. La peor noticia sin embargo venía de Filipinas. El tifón Yolanda asolaba el país asiático al mismo tiempo en que se abrían las puertas de la cumbre.

Las malas noticias, a pesar de que parezca una contradicción, representaban un rayo de esperanza.

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Las pérdidas en vidas y en infraestructuras provocadas por este tifón, uno de los más destructivos de la historia, serán enormes, con al menos 4,000 muertos. En Varsovia, con la imagen de la devastación de trasfondo, el negociador filipino Yeb Sano demandaba en un emotivo discurso medidas extraordinarias para abordar el cambio climático, una reclamación respaldada ampliamente por la ciencia, pero que no termina de entrar en las molleras de los políticos. Acto seguido, Yeb Sano se declaraba en huelga de hambre.

Algunos pensaron que Yolanda imprimía una nueva sensación de urgencia, que había llegado un punto de inflexión.

Hace solo unas semanas, el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (conocido por sus siglas en inglés IPCC) confirmaba que para evitar una subida de temperaturas de dos grados centígrados el mundo tendía que ceñirse estrictamente a no superar un techo de mil billones de toneladas de carbono. Ya hemos emitido 520 billones de toneladas, y al ritmo que vamos superaremos el límite para 2030.

En junio supimos que las emisiones globales de CO2 –dióxido de carbono, el principal causante del efecto invernadero— habían aumentado el 1,4% en 2012 para llegar a los 31,6 billones de toneladas, según un informe de la Agencia Internacional de la Energía.

Banco Mundial, organismo de Naciones Unidas que otorga asistencia financiera a países en desarrollo, hizo público durante la cumbre un estudio que indica que Las pérdidas relacionadas con el clima han aumentado desde los 50 billones de dólares anuales en la década de los 80, hasta cerca de 200 billones de dólares durante la última década.

Y el Overseas Development Institute publicaba una batería de informes en los que se revelaba que cientos de millones de personas serán extremadamente pobres y vivirán en zonas del mundo proclives a sufrir desastres ´naturales´, eliminando cualquier posibilidad de salir de la pobreza. Que mientras las emisiones de gases efecto invernadero suben inexorablemente, las naciones desarrolladas –entre ellas España— gastan en subsidiar combustibles fósiles una media de cien dólares por persona y año (una media de 500 billones de dólares anuales) en detrimento del apoyo a energías renovables. Y que el dinero que los países desarrollados han comprometido a transferir a los países en desarrollo para lidiar con el cambio climático ha caído en un 71% en 2013, en comparación con 2012. En otro informe, ODI indica que lo comprometido, en todo caso, es insuficiente para ayudar a los países en desarrollo a adaptarse al cambio climático.

Es decir, mientras los países ricos por un lado tratan de ayudar a los países en desarrollo a lidiar con el cambio climático y se reúnen para pactar nuevos objetivos de desarrollo para los pobres, gastan mucho más en subsidiar a uno de los sectores que más contribuye al cambio climático: el de los combustibles fósiles.

Con semejante aluvión de malas noticias, contradicciones y compromisos naufragados, con el sonrojo que provocó la intervención del negociador filipino Yeb Sano, sería lógico pensar que las negociaciones sobre el clima estaban condenadas a llegar a algún tipo de acuerdo esta semana. Nada más lejos de lo que está pasando en Varsovia.

Las naciones desarrolladas y en vías de desarrollo llegaron a un rincón sin salida el miércoles, a casi semana y media de conversaciones. El punto espinoso: la pasta. Un clavo más en el ataúd de la COP de Varsovia.

Al tocar el asunto de las compensaciones por los impactos del cambio climático, las delegaciones de los países en desarrollo se levantaron y se fueron. No había ambiente para discutir las compensaciones por las pérdidas generadas por fenómenos como la subida del nivel del mar o la desertificación.

El otro clavo son las emisiones, y quién debe liderar la mitigación del cambio climático.

Quién ha contribuido más a emitir gases de efecto invernadero es un punto importante para las naciones en desarrollo. Eso significa para ellos compensaciones por los daños sufridos hasta ahora por un cambio climático que han ayudado menos a generar y también liderazgo por parte de los países desarrollados en mitigar el cambio climático, es decir recortar sus emisiones.

Brasil propuso una fórmula para calcular esa deuda histórica para repartir responsabilidades. Pero las naciones desarrolladas bloquearon la iniciativa argumentando que había que mirar las emisiones actuales (China superó a Estados Unidos como el mayor emisor y las naciones en desarrollo en conjunto emiten más actualmente) y futuras.

Estados Unidos querría eliminar la división entre naciones en desarrollo y en vías de desarrollo, arguyendo que, si seguimos así, para 2020 las emisiones totales de los países en desarrollo superarán las de los países llamados desarrollados. Las naciones en desarrollo, por su lado, quieren crecer y consideran que limitar su capacidad de emitir puede comprometer su futuro.

Así que encontrar un compromiso equitativo para distribuir el peso de los recortes en emisiones es el otro escollo. El objetivo es mantener la subida de temperaturas en menos de 2C sobre la época preindustrial. Superar este límite, a donde parece que nos abocamos, será suicida para muchas regiones del mundo.

Con una subida actual de 0.8oC entre 1901 y 2010, ya estamos sufriendo fenómenos climáticos más frecuentes e intensos. Yolanda es un recordatorio. Nadie quiere ir a más. Y hay consenso en que eso no debe pasar. Pero hay un gran abismo entre las declaraciones y los compromisos reales.

¿Qué significan esos compromisos en términos prácticos? Nada fácil. Entre otras medidas:

· El cierre de las minas de carbón, el combustible fósil más nocivo.
· El cese de la exploración petrolífera.
· Un ejercicio masivo de eficiencia e inteligencia energética.
· Una transición de combustibles fósiles a energías renovables.
· Compensaciones significativas a los países pobres para que dejen sus recursos fósiles y forestales en donde están.
· Apoyo suficiente para que los países en desarrollo, y sobre todo los pobres, se adapten a los efectos del cambio climático.

A poco del cierre, otro informe devastador machacaba las negociaciones: el actual nivel de compromisos nos va a llevar a una subida de temperaturas de 3,7C.

Con apenas dos días para el final de la cumbre en la que se debería haber llegado a un nuevo acuerdo (que se concluirá en 2015 y se implementará a partir de 2020), ¿qué más tiene que pasar para que las negociaciones lleguen a algún lugar?

*Miren Gutiérrez es Directora de Comunicación del Programa para el Clima y el Medioambiente del Overseas Development Institute en Londres, Gran Bretaña. 

“Big data” para estudiar “big fish”: Nuevo informe visualiza prácticas irregulares de pesca en África Occidental.

Miren Gutiérrez.- Un nuevo informe del Overseas Development Instute, el mayor centro de investigación de temas relacionados con el desarrollo de Reino Unido, y porCausa, una organización española especializada en periodismo de investigación, proporciona pruebas de prácticas que comprometen la eficacia del sistema de gobernanza multilateral diseñado para acabar con la pesca ilegal.

La sobrepesca amenaza con llegar a límites catastróficos, especialmente en África Occidental, y la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada contribuye enormemente a la sobrepesca. En la región costera que va solo de Senegal a Nigeria, se calcula que el 50% por los recursos pesqueros están sobrexplotados, y que un tercio de ello se debe a la pesca ilegal.

Parte de las conclusiones del informe incluyen un cálculo de los puestos de trabajo que se podrían haber creado de explotarse los recursos pesqueros por empresas y comunidades de la misma región: más de 300.000 en los países costeros del África Occidental desde Marruecos a Sudáfrica.

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Esto es de enorme relevancia, ya que en muchas ocasiones las flotas extranjeras que faenan en estas aguas lo hacen bajo acuerdos, frecuentemente opacos, por los que pagan muy poco. Ejemplos de ello son los acuerdos de Mauritania con las flotas china, surcoreana y rusa.

De hecho, según FAO, los ingresos por derechos de pesca en estos países rondan los 400 millones de dólares, mientras que investir en el sector pesquero podría generar 3,3 billones de dólares

El segundo descubrimiento surge directamente de la visualización de las señales que emitieron los 35 reefers –enormes buques de carga congeladores— que operaron en la región durante 2013. Por ejemplo, se ve claramente que algunos de ellos pudieron haber contribuido a la pesca ilegal en las zonas económicas exclusivas de Senegal y Costa de Marfil, donde el trasbordo de pescado está prohibido.

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Una peculiaridad del informe es que utiliza por primera vez tecnologías big data para interrogar a una enorme base de datos –la mayor del mundo dedicada a barcos pesqueros, que está en manos de la empresa FishSpektrum—, y para comunicar y visualizar los resultados de dicha investigación. Así quedan en evidencia comportamientos sospechosos que muestran un patrón movimientos errático o en zigzag, típico de los reefers que están a la búsqueda de barcos pesqueros con las bodegas llenas que deseen deshacerse de su pescado para seguir faenando.

La práctica del transbordo de pescado en las zonas exclusivas es muy común, pero hay mucha presión política y de grupos de campaña para que se prohíba cuando no puede ser supervisada por observadores a bordo de los reefers por ser un verdadero “coladero” de pesca ilegal. La Unión Europea, por ejemplo, veda la entrada de pescado transbordado por barcos con bandera de cualquier país de la Unión.

Además de las organizaciones mencionadas arriba, FishSpektrum proporciona la base de datos y la metodología para el informe, mientras que CartoDB aporta las herramientas visuales para que esta información se muestre en forma de mapas interactivos en los que se pueden ver, literalmente, dichas prácticas.

Finalmente, otro hallazgo importante es el hecho de que cuatro quintos de todo el pescado que sale de la región lo hace a bordo de contenedores, y no de reefers, que hasta hace poco eran el principal método de transporte de pescado. Esto es de vital relevancia, dado que los contenedores no están sujetos al mismo escrutinio que los reefers por la legislación anti pesca ilegal de la Unión Europea –a donde van a parar el 44% de las exportaciones totales de la región.

De hecho, la Unión Europea solo interceptó 26 envíos de pescado contenerizado procedentes de todo el mundo en 2012, otros 75 en 2013 y otros 33 en 2014, que sumaban unas 8.000 toneladas métricas de pescado, lo que constituye una fracción de lo que entra en Europa.

Las conclusiones del informe abarcan una serie de recomendaciones, que incluyen, además de la prohibición de los transbordos sin observadores, el establecimiento de un registro único y seguimiento para barcos pesqueros, un acuerdo global para considerar la pesca ilegal como un crimen transnacional, total trasparencia en los acuerdos pesqueros, y la ratificación y implementación del Acuerdo sobre medidas del Estado rector del puerto destinadas a prevenir la pesca ilegal de la FAO, entre otras medidas.

(*) Miren Gutiérrez
Research Associate

Climate and Environment Programme
Overseas Development Institute (ODI)

“Si los Papeles de Panamá salieron de una startup, qué no podrá hacer una empresa”

Mar Cabra en el Programa.jpgDonostia. “Si nosotros, que somos una pequeña startup, conseguimos publicar los Papeles de Panamá, imaginaos qué podrá hacer una gran empresa”, advirtió ayer Mar Cabra, integrante del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación que ha coordinado el desarrollo de un caso considerado la filtración más grande de la historia del periodismo.

La periodista de investigación participó en una jornada sobre Big Data organizada por la Universidad de Deusto que se desarrolló ayer en su campus donostiarra, donde también participaron expertos en esta incipiente materia como Mario Íñiguez, CEO de Adamantas Analytics; Iñigo García, responsable de ciberseguridad de Deloitte; y Miren Gutiérrez, directora del programa Experto “Análisis, investigación y comunicación de datos”.

La exposición central correspondió a Mar Cabra, quien explicó la importancia de disponer de plataformas avanzadas para gestionar todos los datos recabados en los Papeles de Panamá, con 11,5 millones de documentos que ocupan 2,6 terabytes.

 

 

En este sentido, la coordinadora del proyecto recordó que el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación está conformada por 12 personas, de las que tres fueron las principales coordinadoras de todos los datos, por lo que “con pocos recursos” se pueden lograr grandes resultados.

Es la principal conclusión que puede extraer el mundo empresarial, que actualmente solo utiliza el 5% del caudal de datos del que dispone, tal y como quedó reflejado en la sesión de ayer, en la que los expertos participantes incidieron en que cada vez el mundo está más interconectado y este fenómeno representa una oportunidad de negocio.

Como ejemplo, citaron que mientras que hasta ahora la base era un cliente, un contrato, en estos momentos las redes sociales permiten ir más allá y visualizar un campo de relaciones más amplio, en el que ese cliente a su vez también tiene firmados otros contratos, mantiene contactos con otras empresas y, además, comunica una serie de preferencias y gustos específicos.

Entre los muchos aspectos relacionados con el Big Data que se trataron durante la jornada también se abordó la cuestión de la seguridad y, a este respecto, los expertos coincidieron en que es el propio usuario quien debe ser consciente de los peligros de la exposición de datos.

Como en otros casos, la amenaza puede convertirse en oportunidad, e incluso la protección se convierte en una posibilidad de negocio hasta ahora poco explotada, según indicaron.

La Unión Europea, cómplice del saqueo de los mares africanos

Una investigación del Overseas Development Institute y de la fundación PorCausa denuncia que la deficiente normativa de la UE socava las iniciativas para frenar la pesca ilegal

Las iniciativas para evitar el saqueo de las aguas de África Occidental, ricas en recursos pesqueros, están abocadas a fracasar si no se reforma la deficiente normativa de la Unión Europea (UE) y se prohíbe la transferencia de capturas en alta mar, según explica un nuevo informe del Overseas Development Institute (ODI), el mayor centro de estudios sobre desarrollo de Reino Unido, y la organización española de periodismo de investigación porCausa.

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El informe, titulado Western Africa’s missing fish (La pesca perdida de África Occidental), denuncia que la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) está en el centro de una crisis de sostenibilidad que en ninguna parte del mundo es tan visible como en África Occidental. Las tasas actuales de extracción están llevando a varias especies hacia la extinción, al mismo tiempo que ponen en peligro los medios de subsistencia de las comunidades locales que dependen de la pesca para su supervivencia en países como Ghana, Liberia, Mauritania, Senegal y Sierra Leona.

En 2011, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) estimó que más de la mitad de los caladeros del litoral africano, solamente entre Senegal y Nigeria, han sido objeto de sobreexplotación. Se considera que entre un tercio y la mitad de las capturas proceden de pesca INDNR.

La presentación del documento tuvo lugar el lunes 4 de julio y en ella participaron Alfonso Daniels, Miren Gutiérrez y Gonzalo Fanjul, coautores del mismo. Éste introduce dos grandes novedades con respecto a informes anteriores: los datos aportados permiten determinar cómo sale el pescado de las aguas africanas y llega a los mercados mundiales y calcular el impacto económico y humano que la INDNDR tiene sobre las comunidades locales.

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Por primera vez, las actividades de los buques factorías, las grandes naves comerciales de gran escala que reciben, procesan y congelan las capturas en alta mar y que faenan frente a las costas de África Occidental son analizadas utilizando datos detallados de satélite y seguimiento. Según esta información, buques de varios países, incluyendo China, Corea del Sur y Países Bajos, faenaban allí en 2013. Las capturas de la región se exportaron a todo el mundo y, también, a los grandes mercados europeos de España, Países Bajos y Reino Unido.

El análisis de la información contenida en la base de datos de UVI (Identificadores únicos de buques) de FishSpectrum, un recurso para la identificación de pesqueros y transporte de pescado, ha permitido a los investigadores analizar los movimientos de los buques factorías y otras naves en las costas de África Occidental, según explicó su director, Roberto Mielgo, durante la rueda de prensa.

La Unión Europea es la mayor importadora mundial de pescado. A pesar de que su normativa en materia de pesca ilegal está considerada como la más avanzada del mundo, Greenpeace estima que el valor de los productos pesqueros INDNR que entran en la UE podría ascender a los 1.100 millones de euros anuales.

Greenpeace estima que el valor de los productos pesqueros ilegales que entran en la UE podría ascender a los 1.100 millones de dólares anuales

El informe además de revelar la forma de operar de las flotas pesqueras extrajeras en África Occidental, también denuncia la falta de transparencia sobre sus operaciones.

Durante años se pensaba que eran los buques factoría los que transportaban la pesca a los puertos europeos; sin embargo, este informe demuestra que eso no es así, que la gran mayoría de este producto llega en contenedores fletados desde los puertos africanos. Los barcos pesqueros pasan sus capturas a estas naves en alta mar, lo que la mayoría de las veces es ilegal al estar prohibido por la legislación internacional y la de algunos países de África Occidental. Una vez que el pescado es procesado y congelado en los buques factorías, se utilizan puertos africanos para traspasarlo a contenedores a través de los cuales llegan a la UE u otras partes del mundo.

La investigación pone en evidencia prácticas del sector relacionadas con los buques contenedores y las transferencias de pescado en alta mar que hacen muy difícil impedir que las capturas ilegales lleguen a nuestros mercados:

  • Aproximadamente las cuatro quintas partes del pescado exportado desde África Occidental en 2013 lo fue en buques contenedores, no en buques factorías.
  • Una de las principales lagunas de la normativa de la UE en lo relativo a la pesca INDNR permite que los contenedores no estén sujetos a normas tan estrictas como los pesqueros y buques factorías. Por ejemplo, no se exigen inspecciones en puerto del cargamento de los buques contenedores.
  • De los 35 buques factorías que faenaban en la región en 2013, los datos de seguimiento muestran itinerarios que coinciden con el traspaso de capturas desde pesqueros a estas naves, incluso dentro de las zonas pesqueras exclusivas de Senegal y Costa de Marfil. La legislación nacional de ambos países prohíbe dichas transferencias.
  • Los funcionarios de la UE confirmaron a los autores del informe que, entre 2012 y 2014, se bloquearon las cargas de solamente 135 buques contenedores de pescado, de todo el mundo, debido a la sospecha de pesca ilegal, un insignificante porcentaje del total de las importaciones a la UE.

El informe no solo denuncia, sino que también hace un llamamiento a mayores intervenciones de los gobiernos regionales, conjuntamente con la inversión internacional, para establecer medidas disuasorias y sanciones para quienes se dedican a la pesca ilegal.

Acabar con la pesca ilegal en África Occidental podría conllevar la creación de más de 300.000 nuevos puestos de trabajo

La mayoría de los Gobiernos de África Occidental carecen de los recursos necesarios para supervisar las actividades de las flotas pesqueras. Por ejemplo, según informaba José Naranjo en un artículo en Planeta Futuro en septiembre de 2014, titulado Cara a cara con la pesca pirata, en ese año Sierra Leona solo tenía dos naves guardacostas para patrullas todas sus aguas territoriales.

El estudio también explica que el acabar con la pesca INDNR y ayudar a este sector en África Occidental podría conllevar importantes ventajas en materia de desarrollo, incluyendo la creación de más de 300.000 nuevos puestos de trabajo.

El informe concluye con una serie de recomendaciones urgentes, entre ellas destacan las siguientes:

  • Creación de una base de datos y de un sistema de seguimiento globales, y exigencia de un número de registro de ID exclusivo a todos los pesqueros
  • Resolución de la laguna legal relativa a los contenedores de INDNR, con el objeto de que los buques de contenedores sean sometidos a las mismas inspecciones que los pesqueros y buques factorías.
  • Prohibición absoluta de traspasos en alta mar, tal y como lo establece la legislación de Senegal y Costa de Marfil para sus zonas pesqueras exclusivas
  • Los Gobiernos regionales deberán ratificar e implementar nuevas normas internacionales, dirigidas a reforzar los controles portuarios y a promover más asistencia y refuerzo de capacidades de parte de donantes internacionales.

La pesca perdida de África Occidental

Nuestra investigación analiza, por primera vez, las actividades de los buques frigoríficos y procesadores que faenan frente a las costas del África Occidental, utilizando una exclusiva de datos detallados de satélite y seguimiento.

La sobreexplotación de los recursos pesqueros en los mares del mundo ha alcanzado niveles catastróficos. Numerosos caladeros importantes están reduciéndose. Numerosas especies están siendo empujadas hacia la extinción. La pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) está muy implicada en esta sobreexplotación.

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Hasta una quinta parte de las capturas pesqueras de todo el mundo proceden de la pesca INDNR, un elemento que vincula a los consumidores de Europa, Estados Unidos y Asia con una práctica que está propiciando una tragedia global que conlleva la sobreexplotación de un recurso de propiedad común.

África Occidental es el epicentro de la tragedia. Sus costas son un imán para abastecer a los buques que abastecen la demanda europea y asiática.  La sobreexplotación está destruyendo el sustento de los pescadores artesanales y evaporando las oportunidades para el desarrollo de la producción y el comercio regionales.

Alfonso Daniels, Miren Gutiérrez, Gonzalo Fanjul, Arantxa Guereña, Ishbel Matheson y Kevin Watkins han trabajo en un informe publicado por el Overseas Development Institute (ODI) sobre este tipo de pesca en África Occidental. Los autores explican cómo el acabar con la pesca INDNR y ayudar al sector en los países de esta región podría conllevar importantes ventajas en materia de desarrollo, incluyendo la creación de más de 300.000 nuevos puestos de trabajo.

La Unión Europea es la mayor importadora mundial de pescado, y a pesar de que su normativa en materia de pesca ilegal está considerada como la más avanzada, según una estimación de Greenpeace, el valor los productos pesqueros ilegales que entran a la Unión Europea (UE) podría ascender a los 1.100 millones de dólares anuales.

Buques de todo el mundo —incluyendo China, Corea del Sur y Países Bajos— faenaban allí en 2013. Las capturas de la región se exportaron a todo el mundo, como los grandes mercados europeos de Reino Unido, España y Países Bajos.

“El informe muestra por primera vez cómo se comportan las flotas pesqueras extranjeras en África Occidental”, explica Miren Gutiérrez, “revelando además la falta de transparencia sobre sus operaciones”. “La Unión Europea y todos los países involucrados, incluyendo los africanos, tienen que poner fin a esta crisis”, dice la investigadora.

Según una estimación de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), más de la mitad de los caladeros del litoral africano, solamente entre Senegal y Nigeria, han sido objeto de sobreexplotación. Se considera que entre un tercio y la mitad de las capturas proceden de la pesca INDNR.

Qué datos arroja la investigación

El informe Los peces perdidos de África Occidental (Western Africa’s missing fish) analiza, por primera vez, las actividades de los buques frigoríficos y procesadores que faenan frente a las costas del África Occidental, utilizando datos detallados de satélite y seguimiento aportados en exclusiva por la empresa española FishSpektrum. Los investigadores analizaron datos de la base de datos de UVI (Identificadores únicos de buques) de FishSpektrum Krakken®, un recurso para la identificación de pesqueros y transportes de pescado, para analizar los movimientos de los buques frigoríficos y otras naves frente a las costas de África Occidental.

Aproximadamente las cuatro quintas partes del pescado exportado desde la región en 2013 lo fue en buques contenedores (conocidos como refeers), no en buques congeladores ni procesadores industriales (frigoríficos).

 

Descarga: Resumen en español [PDF, 1.7 Mb]
Descarga: Informe completo [PDF, 2.9 Mb]

 

Una de las principales lagunas de la normativa de la UE en lo relativo a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) implica que los contenedores no están sujetos a normas tan estrictas como los pesqueros y buques frigoríficos. Por ejemplo, no se exigen inspecciones en puerto del cargamento de los buques contenedores.

De los 35 buques frigoríficos que faenaban en la región en 2013, los datos de seguimiento muestran itinerarios que coinciden con el traspaso de capturas desde pesqueros a buques frigoríficos, incluso dentro de las zonas pesqueras exclusivas de Senegal y Costa de Marfil. La legislación nacional de ambos países prohíbe dichas transferencias.

Los funcionarios de la UE confirmaron a los autores que, entre 2012 y 2014, se bloquearon las cargas de solamente 135 buques contenedores de pescado, de todo el mundo, debido a la sospecha de pesca ilegal, un insignificante porcentaje del total de las importaciones a la UE.

Recomendaciones del informe

La investigación llama a mayores intervenciones de los gobiernos regionales, conjuntamente con la inversión internacional en medidas para disuadir y sancionar a quienes se dedican a la pesca ilegal. En este momento, los gobiernos carecen de los recursos necesarios para supervisar las actividades de las flotas pesqueras: por ejemplo, en 2013 Sierra Leona solamente tenía dos naves guardacostas para patrullar todas sus aguas territoriales, según publicó el periodista José Naranjo —quien participa también en el informe— en 2014.

Se pide la creación de una base de datos y de un sistema de seguimiento globales, y exigencia de un número de registro de ID exclusivo a todos los pesqueros; la resolución de la laguna legal relativa a los contenedores de INDNR, con el objeto de que los buques de contenedores sean sometidos a las mismas inspecciones que los pesqueros y buques frigoríficos; y la prohibición absoluta de traspasos en alta mar, tal y como lo establece la legislación de Senegal y Costa de Marfil para sus zonas pesqueras exclusivas.

Los gobiernos regionales deberán ratificar e implementar nuevas normas internacionales, dirigidas a reforzar los controles portuarios y a promover más asistencia y refuerzo de capacidades de parte de donantes internacionales.

“No es un problema de piratas, sino de grandes compañías pesqueras”

El pasado 4 de julio presentamos en Medialab-Prado el informe de Pesca Perdida en África Occidental con la presencia de los investigadores.

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El pasado lunes presentamos en Medialab-Prado el informe Los peces perdidos de África Occidental, una investigación conjunta de porCausa y el Overseas Development Institute (ODI) sobre las consecuencias que la sobreexplotación y las actividades pesqueras ilegales pueden traer en el desarrollo de la región occidental de África.

Para la ocasión, contamos con cuatro figuras expertas en la materia y parte importante en la investigación. Miren Gutiérrez, investigadora de ODI y experta en big data para investigación y comunicación; Alfonso Daniels, periodista freelance y consultor en ODI; Roberto Mielgo, cofundador de FishSpektrum, empresa que ha compilado la base de datos en la que se basa la investigación. La rueda de prensa estuvo presentada por Gonzalo Fanjul, codirector de porCausa.

El informe utiliza “una metodología muy novedosa” para analizar la información en busca de resultados, afirmó Gonzalo Fanjul. “La pesca no declarada y no reportada en África tiene un gran impacto económico y fiscal a nivel global. Provoca un efecto dominó que afecta a la industria pesquera como valor esencial de subsistencia de la población africana”, insistió Fanjul.

Todos los expertos coincidían en la importancia que tiene el informe a la hora de denunciar una falta de regulación en la actividad pesquera por parte de la Unión Europea (UE) y de los gobiernos africanos. Una primera reacción, como anunció Daniels en su intervención, tuvo lugar con el anuncio de Guinea de prohibir temporalmente la pesca a barcos extranjeros en sus aguas. A pesar de que la Unión Europea es la principal importadora mundial de pescado, “no contempla legislar sobre la pesca en África para acabar con ilegalidades”, afirmó Daniels. Según un informe del Parlamento Europeo del año 2014, la UE podría estar importando 1.100 millones de eurpos en productos pesqueros ilegales.

“Me podría pasar el día explicandóos cien maneras de pescar ilegalmente, pero hay que ser cauteloso porque nos enfrentamos a corporaciones muy poderosas”

Durante la presentación se quiso recalcar que, aún permitiendo las irregularidades, no es la Unión Europea quien juega más sucio en este mercado. “La UE sí publica acuerdos comerciales con estados africanos”, dijo Alfonso Daniels, “gigantes como Rusia y China nunca lo hacen”.

Uno de los mayores expertos mundiales en pesca ilegal, David Agnew, intervino vía Skype. “No solo se trata de un problema de barcos piratas operando al margen de la legalidad, sino de empresas y compañías legales que operan de forma fraudulenta”, le escuchamos decir desde una pantalla. “Una recomendación es mejorar lesgilaciones, como la de Estados Unidos, y crear registros y listas negras globales de pesca ilegal”.

La investigación se apoya en mapas creados por cartoDB para visualizar la actividad de grandes reefers (procesadores) y buques congeladores en África durante 2013. Para Miren Gutiérrez, especializada en el uso de big data para la investigación, “el tracking por satélite permite descubrir acciones que podrían ser ilegales”. Senegal prohibe transbordar la pesca no declarada dentro de sus aguas sin la presencia de observadores internacionales a bordo. Grandes reefers se dedican a esta actividad en alta mar y mediante el seguimiento de su movimiento puede observarse un zigzagueo propio de las aproximaciones a buques pesqueros, una maniobra habitual para traspasar la carga.

Los investigadores advierten que los gobiernos tienen una responsabilidad. “Son las excesivas subvenciones a la pesca las que permiten esta actividad ilegal”, opinaba Roberto Mielgo de FishSpektrum. Gonzalo Fanjul recordó que las ayudas a la pesca representan más de 27.000 millones de dólares anuales, lo que equivale al 41 por ciento del valor de la captura global, según el Africa Progress Panel (2014). Mientras, las ayudas al desarrollo en África se quedaron en 71 millones de dólares anuales (2013).

“Me podría pasar todo el día explicandóos cien maneras de pescar ilegalmente, pero hay que ser cauteloso porque manejamos información muy importante y nos enfrentamos a corporaciones muy poderosas”, contaba Mielgo, en el momento más tenso de la presentación. Mucha de la pesca no es declarada como exportación o importación sino como mercancía en tránsito, favoreciendo irregularidades.

Como hemos señalado desde que el informe vio la luz, el problema de la pesca perdida en las aguas occidentales de África tiene un impacto mundial. Hacer desaparecer la pesca ilegal en África crearía 300.000 puestos de trabajo y generaría más de 3.300 millones de dólares de beneficio, según la FAO.

por / 8 julio 2016

El problema de la pesca perdida tiene un impacto mundial

Este es un resumen de una nota de porCausa basada en el informe “Los peces perdidos de África occidental” (Western Africa’s missing fish), publicado el 29 de junio de 2016 como fruto de la colaboración entre porCausa y el Overseas Development Institute (ODI). El ifnrome tuvo una gran acogida en los medios, en los que se han publicado más de 136 reportajes sobre la pesca perdida.

Mbour (Senegal)

Alfonso Daniels, Miren Gutiérrez, Gonzalo Fanjul, Arantxa Guereña, Ishbel Matheson y Kevin Watkins han elaborado el primer análisis sobre las actividades de los buques frigoríficos y procesadores que faenan frente a las costas del África occidental. Para ello han empleado la mayor base de datos de buques pesqueros del mundo, facilitados en exclusiva por la organización española FishSpektrum.

¿Cuál es la realidad sobre la que arroja luz el informe? La sobreexplotación de los recursos pesqueros en los mares del mundo ha provocado que numerosos caladeros estén reduciéndose y una alarmante cantidad de especies se vean empujadas hacia la extinción. La pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) es uno de los principales motivos de esta sobreexplotación. Hasta una quinta parte de las capturas pesqueras de todo el mundo proceden de la pesca INDNR, un elemento que vincula a los consumidores de Europa, EE. UU. y Asia con una práctica que está propiciando una tragedia global de la que África occidental constituye el epicentro.

 

OPINION: Mary Robinson on how tackling climate change can have positive outcomes for justice, gender and economic development

Mary Robinson is a former President of the Republic of Ireland (1990–1997) and former UN High Commissioner for Human Rights (1997–2002), founder of the Mary Robinson Foundation – Climate Justice and a human rights and climate justice activist. She spoke with Mairi Dupar (CDKN) and Miren Gutierrez (ODI) about gender, development and climate change ahead of the 19th session of the Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) in Warsaw, 11–22 November, 2013

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Q: You have advocated that climate justice – linking human rights and climate change — has to be central to the international climate negotiations. How do you see this happening?

The world cannot have climate justice without first realising the injustice of climate change, and the steps needed to address the crisis. As weather shocks, such as droughts causing mass starvation or unexpected floods leading to the destruction of crops and homes, impact on the basic human rights of those affected, it is clear that the poor and vulnerable people who have done the least to cause climate change are those who suffer most from its impacts.

Climate justice can be central to international climate negotiations if the political will exists for a truly equitable and ambitious agreement. Such an agreement would recognise the impact climate change has on the most vulnerable now, while understanding the unimaginable world we would leave to future generations if we continue the ‘business as usual’ approach.

Previous COPs have proved disappointing in the lack of commitment given by Parties to act equitably and with ambition. But all sectors of society can help change this, by pressurising their political leaders to take climate change seriously.

Q: You’ve also said that climate justice should feature in the post-2015 United Nations agenda for Sustainable Development. Recent ODI research indicates that ‘natural’ disasters, especially linked to drought, can be the most significant cause of impoverishment, and can cancel progress on poverty reduction. With 2015 approaching, the UNFCCC and the post-2015 debate on Sustainable Development seem to be running on parallel tracks. Do you think they should be more integrated? And if so, what needs to happen?

The fact that 2015 has been set as the deadline for both processes provides us with a once-in-a-lifetime opportunity to act in an integrated and effective way. To those who live on the front line of poverty, climate change and development are the same issues. At the grassroots level people don’t put issues of rights, development and climate in boxes. The reasons they are poor have to do with a combination of factors – access to health care, gender inequality, access to food and shelter, access to decision making, etc. Climate change exacerbates these factors.

To adequately address the needs of the poorest, international processes have to be more coherent and respond to the interconnected nature of the issues that make people poor and vulnerable. This means that climate change must be addressed as a development issue in the post 2015 development agenda, while the UNFCCC produces the legal agreement needed to keep global warming below 2°C in 2015. The two processes must work in tandem, support each other and drive each other to be ambitious and fair. Climate justice lies at the nexus of these two processes connecting their shared objectives with a focus on people and rights.


Q: At the last Conference of the Parties of the UNFCCC in Doha, Qatar (2012), you were successful in advocating for a resolution to establish equal participation of women and men in the UNFCCC process. What was the status of women’s representation until then, and how quickly do you hope it can change?

You may remember a previous decision (Decision 36/CP.7), which encourages Parties to actively consider nominating women for elective posts in any body established under the UNFCCC or Kyoto Protocol. However, ten years on from that Decision, a very obvious gender imbalance still existed in various bodies, with women’s representation as low as 10% in some cases.

With the adoption of Decision 23/CP.18 in Doha last year, Parties to the UNFCCC sent a political signal calling for gender balance in the UNFCCC process. The Decision not only sets the goal of gender balance for elected bodies, but also encourages future chairs of such bodies to be guided by this goal when setting up informal negotiating groups and consultation mechanisms. Furthermore, it encourages Parties to strive for the goal of gender balance in the composition of delegations. The Decision also adds gender and climate change as a standing item on the agenda of sessions of the COP; at COP 19, in Warsaw, the Secretariat will host a workshop that focuses not just on gender balance in the UNFCCC process but also gender-sensitive climate policy and capacity building activities. Parties have also committed to review progress made towards the gradual but significant increase in the participation of women and the achievement of this goal at the 22nd session of the COP in 2016.

It is important to bear in mind that the achievement of gender balance is certainly not an end in itself. The decision taken by the COP to strive for this goal is the starting point for the strengthening of gender-responsive climate policy, and a means towards promoting gender equality and women’s empowerment more broadly. What is critical now is the implementation of the decision so that climate change norms and policies genuinely incorporate a gender perspective and integrate women’s rights and women’s voices.

Q: You’ve travelled extensively and listened to women’s concerns about, and experiences with, climate impacts, and their involvement in the solutions. What are they telling you? While recognising that equal representation for women is an important outcome in its own right, what extra value do you think women might bring to the climate negotiations, once they are better represented?

In April of this year, as part of a conference my Foundation co-hosted with the Irish Government on the links between hunger, poor nutrition and climate change, I spoke with many women representatives of grassroots communities at the frontline of climate change. From what they told me, it is clear that they have a lot to contribute in the climate debate. As one of those women – Esther Jabesi from Malawi – said: “you have to listen to me because I have experience – what I know isn’t written in your papers.”

Greater representation of women on UNFCCC bodies and in negotiations can provide the crosscutting experiences necessary to ensure that the decisions taken and the resulting actions at a national and international level are more responsive to the differing needs of women and men in national and local contexts. There is no doubt that the empowerment of women will have a long term positive impact on both the decisions being taken and the process by which they are reached.

Q: Evidence indicates that some of the responses to climate change run counter to principles of sustainable development. What’s more, few plans for promoting sustainability have explicitly included adapting to climate change impacts. How do you see these complexities playing out? And what implications do they have for vulnerable groups?`

There have been responses to climate change that have not delivered the desired sustainable development outcomes. For example, the Clean Development Mechanism (CDM) was designed to deliver sustainable development outcomes but failed to do this due to a tendency to focus on a narrow range of emissions reductions projects. Certainly CDM did not deliver for Africa or Least Developed Countries (LDCs).

Biofuel policies are another well-known example – they were well intentioned to shift energy supplies away from fossil fuels. But in diverting land use away from food to fuel they have been associated with rising food prices, and as a result, food insecurity. Clearly this runs counter to the aims of a holistic sustainable development approach.

On your point about sustainability plans not including adaptation – I think it depends who the actors are. Governments of LDCs and Small Island Developing States (SIDS), as well as development agencies, tend to have a strong focus on the adaptation aspects of climate action. Business and developed country governments have tended to focus primarily on mitigation. But this is changing – for example, a recently-published Center for Climate and Energy Solutions (C2ES) report, Weathering the Storm: Building Business Resilience to Climate Change, found that 90% of S&P Global 100 Index companies identify extreme weather and climate change as current or future business risks, while 62% say they are experiencing climate change impacts now, or expect to in the coming decade. The effects of climate change on production supplies and operational costs are a real concern, which is forcing many businesses to adapt.

What is essential is that we move away from seeing climate change as an environmental issue and address it as a development issue through solutions that protect rights and enable equitable access to the opportunities of a transition to low carbon, climate resilient development.

Q: Is economic development and protecting the environment an “either-or” dilemma? What are the trade-offs?

There is no reason why both issues can’t be tackled in tandem. The smart investor will already know that the corporation that remains over-reliant on fossil fuels won’t be worth their long-term investment. The majority of these fossil fuel reserves will have to be left unburned if the world is to stand any chance of avoiding a planet that is more than two degrees Celsius warmer – the limit which governments have decided on in order to side-step the prospect of unimaginable climate conditions.

As the public becomes increasingly cognisant of how their products are sourced, and more motivated to act due to the rise of social media, the need for companies to be accountable for their actions grows. Financial reports alone can no longer be considered the only measure of a corporation’s value. Sustainability needs to be viewed as a sustained societal value. Transparency and accountability are essential in winning over the credibility and trust of their potential customers.

The just transition to a low-carbon economy will be a challenging one, but there are significant potential benefits. In its report The 3% Solution the World Wildlife Fund and the Carbon Disclosure Project state that the US corporate sector can achieve cost savings of up to USD 190 million in 2020 if it reduces emissions by 3% annually by committing to ambitious but feasible climate actions. There are rewards for business if they make decisive changes in the way they operate. But they must act urgently if they are to capitalise on this opportunity.