Jornada ‘Comunicación y datos: El futuro ya está aquí’

Las administraciones públicas y las grandes corporaciones tienen la capacidad de recabar y acopiar, así como también de divulgar, big data. Utilizando esta información, incluso generando sus propios datos, individuos y organizaciones han producido miles de aplicaciones están mejorando la vida de la ciudadanía y generando mayor transparencia y participación en todo el mundo. Sin embargo, todavía no es muy común encontrar ejemplos de uso de datos en nuestro entorno.

 

 

En primer plano y de izquierda a derecha, Alberto Ortiz de Zarate, Guillermo Gutiérrez y David González durante la charla.

 

Un grupo de periodistas, programadores, desarrolladores, visualizadores, y profesionales y estudiantes se reunió esta semana durante la Jornada ‘Comunicación y datos: El futuro ya está aquí’ para discutir sobre los retos que hoy por hoy existen para, entre otras cosas, hacer periodismo de datos, o simplemente para aprovechar el fenómeno de los big data. Asimismo, discutieron interesantes aplicaciones que ya existen y que podrían servir de ejemplo.

 

Durante la discusión, quedó claro que el primer obstáculo con el que nos encontramos para explotar datos es que el nivel de apertura de las administraciones. Una periodista se quejó de la poca receptividad que hay en la administración pública cuando se solicitan datos, especialmente si son datos delicados. El experto en apertura de datos Alberto Ortiz de Zarate habló de las posibilidades reales que las administraciones ofrecen y de la política de reutilización de la información pública.

Guillermo Gutiérrez, de Bunt Planet, y David González, de ss.ketari.com, hablaron de su experiencia trabajando con datos en el sector privado, el primero, y en la visualización de datos, el segundo.

Aprovecharemos la ocasión para presentar el programa universitario Experto en Análisis, Investigación y Comunicación de Datos, impartido por profesores y profesoras de la talla de Alberto CairoMar Cabra, Alberto Ortiz de Zarate, Nagore de los Ríos y Juan Luis Sánchez. Pretendemos crear un espacio de encuentro y debate donde periodistas, programadores, desarrolladores, visualizadores y todos aquellos profesionales interesados en esta nueva disciplina de los sectores público y privado y de las ONG puedan generar sinergias y obtener así mejores resultados en su trabajo.

 

 

Publicación del artículo “Medios ciudadanos y big data: la emergencia del activismo de datos” en la revista Mediaciones

Los big data representan nuevos retos y nuevas oportunidades para la ciudadanía. Las prácticas del “activismo de datos” surgen de la intersección de las dimensiones social y tecnológica de la acción humana, por la cual la ciudadanía adopta una postura crítica hacia los big data, de los que se apropia para hacer campaña y promover el cambio social. Este artículo teórico explora el surgimiento del activismo de datos como una realidad empírica y una herramienta heurística para estudiar cómo la gente se relaciona políticamente con los big data.

Ponemos en contexto este concepto a través de una revisión de literatura académica y ofrecemos una definición del activismo de datos, así como una agenda tentativa para su estudio. Argumentamos que el activismo de datos representa una nueva forma de medio ciudadano que coloca en su mismo centro una aproximación crítica hacia los big data. La revista Mediaciones es una publicación de difusión científica y académica, de periodicidad semestral, editada por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, Colombia. Se concibe como un espacio de divulgación, reflexión y creación, estructurado en torno a un eje central: la comunicación, comprendida como un campo del conocimiento susceptible de constituirse en objeto de estudio y reflexión, al igual que un medio para abordar otros campos del conocimiento.

La revista Mediaciones publica artículos de investigadores en idiomas español, inglés y portugués. Todo texto recibido está circunscrito al campo de la comunicación y en concordancia con alguno de los siguientes lineamientos: Comunicación y desarrollo humano y social; Comunicación y cultura; Prácticas periodísticas, mediáticas y publicitarias; Pensamiento audiovisual; Comunicación estratégica: Comunicación y educación. He publicado este artículo junto con Stefania Milan, profesora de Nuevos medios y cultura digital de la Universidad de Ámsterdam, Holanda, fundadora del Data J Lab, que se dedica al análisis de los big data, y autora de varios libros sobre los movimientos sociales y sus tecnologías. Sus áreas de interés son las tecnologías y la sociedad, y las posibilidades de emancipación y autonomía que la tecnología digital ofrece a la ciudadanía. Sus investigaciones interdisciplinares emplean la intersección entre el análisis crítico de internet, el estudio de los movimientos sociales, y los estudios sobre ciencia y tecnología.

Europa y África: El pescado tiene visado; la gente, no

 

Miren Gutiérrez*

Europa asediada; África llama a las puertas. Esta es la imagen que transmiten los medios que muestran fotografías de pateras atestadas de personas desesperadas por llegar a nuestras costas y de los saltos a la valla de Ceuta y Melilla. Sin embargo, cada vez son menos las personas que se quedan aquí. Según un informe de El País de marzo de 2017, de los/as cerca de 7.500 extranjeros/as  que ingresaron en un centro de internamiento en España en 2016 (casi el 90% de procedentes de África), 2.200 fueron expulsados/as (casi el 30%). En comparación, en 2009, las personas internadas en este tipo de centros fueron más de 26.000 (18.300 fueron expulsadas).

A nivel europeo el número de personas que llegan de África está cayendo también. Según The Guardian, que se remite a documentos secretos a los que ha tenido acceso, existe una estrategia paneuropea para reducir la inmigración africana en la Fortaleza Europa, que pasa por minimizar los abusos que sufren decenas de miles de personas en el continente vecino para justificar el cierre de fronteras. Sin embargo, las políticas más restrictivas terminan fomentando prácticas que ponen en peligro a las personas, poniéndolas en manos de redes criminales. Frontex –la agencia europea que gestiona las fronteras— informaba en 2015 que la “alta tasa de rechazo de visado” por parte de los países de la UE está potenciando el tráfico humano.

Parece que nos sobran la gente y sus problemas, pero somos felices de contar con sus recursos. Un informe de varias organizaciones concluía en 2014 que África recibe anualmente 134 billones de dólares en ayuda e inversiones procedentes del exterior, pero pierde 192 billones de dólares en lavado y evasión de dinero, pago de la deuda externa, fuga de cerebros, costos relacionados con el cambio climático, y la pesca y la explotación forestal ilegal, entre otras actividades. Es decir, las naciones ricas toman mucho más de África de lo que le dan; somos parte de sus problemas.

Mientras Europa centra sus esfuerzos en reforzar la seguridad y clausurar sus fronteras a la inmigración legal e ilegal, hay otras medidas que podrían emprender para reparar la situación; una de ellas es dejar de contribuir a empeorar las condiciones de vida de la gente en sus propios países.

Saqueo en los mares

Uno de los problemas que contribuye a perpetuar la situación de desesperación de muchas comunidades es el saqueo al que están sometidas las aguas de los países africanos costeros. África occidental –desde Marruecos a Suráfrica— es un caso aparte. La sobrepesca amenaza con alcanzar límites catastróficos, especialmente en África occidental, y el fenómeno conocido como “pesca ilegal, no declarada y no regulada” coadyuva a la sobrepesca y al agotamiento de los recursos pesqueros. En la región costera que se extiende sólo desde Senegal a Nigeria, el 50% de los recursos pesqueros están sobreexplotados y que un tercio de esto se debe a la pesca ilegal, calcula la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). Las flotas que faenan en esas aguas son asiáticas y rusas, pero también europeas.

Es un hecho probado que la pesca ilegal perjudica los medios de vida de la gente y su seguridad alimentaria, genera personas vulnerables y contribuye al aumento de la pobreza en las comunidades locales. Como es de imaginar, la desaparición de estos recursos es un incentivo para la migración y otras medidas desesperadas. Pero lo más llamativo es que hay una relación todavía más directa entre la pesca ilegal y el éxodo de África. Existen estudios que la vinculan también al tráfico humano, aparte de a la delincuencia organizada, el tráfico de drogas y a otras actividades ilegales. Por ejemplo, Interpol señala que muchos buques extranjeros asociados con la trata de personas en África occidental también participan en la pesca ilegal. Pero incluso cuando los barcos “piratas” son interceptados, muchos casos de trata de personas son manejados como una violación de las leyes de inmigración, por ejemplo, culpabilizando al/a inmigrante en vez de a las redes que se enriquecen con su necesidad.

Asimismo, la organización Environmental Justice Foundation (EJF) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) han documentado varios casos de tráfico de personas y abusos laborales a bordo de buques pesqueros ilegales en la región. Las violaciones a tripulaciones,  formadas sobre todo por personas de países en desarrollo, incluyen maltrato emocional, la reclusión involuntaria, el trabajo forzoso sin remuneración, o sea esclavo, y las condiciones de vida inadecuadas.

Es decir, la pesca ilegal no sólo se refleja en una pérdida de biodiversidad y una amenaza para la seguridad alimentaria y los medios de subsistencia de la gente. Existe un creciente número de estudios que la señalan como parte de una red más amplia de delincuencia transfronteriza organizada, tráfico de todo tipo, abuso laboral, lavado de dinero y evasión fiscal. Según un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito de 2011, la pesca ilegal se ha vinculado también a la financiación de actividades terroristas.

La evasión fiscal vinculada a la pesca ilegal es también remarcable. Según un informe global de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre esta cuestión, la delincuencia fiscal en el sector pesquero es prevalente e incluye “el fraude en materia de impuestos sobre beneficios o ganancias, derechos de aduana, IVA (Impuesto sobre el Valor Añadido) y seguridad social”. Este informe agrega que la industria está operada por entramados de empresas offshore que están sujetas a poca o ninguna supervisión, y que la mayor parte de las flotas pesqueras recurren a las banderas de conveniencia.

Un “pabellón de conveniencia” permite que un barco se registre en un país diferente al de los propietarios del buque. Muchas compañías navieras prefieren abanderar sus buques en países con normas de registro laxas. De ahí que los mayores registros de buques sean, en orden de importancia, Panamá, Liberia y las Islas Marshall, que no son precisamente potencias pesqueras. Hay un consenso generalizado en que estos países tienen regulaciones insuficientes o, si las tienen, éstas se aplican mal. En muchos casos, el estado del pabellón no puede identificar a un armador, y mucho menos hacer al propietario responsable civil o criminal de las acciones de un buque. Como resultado de esta falta de control, se critica a los pabellones de conveniencia por proporcionar un entorno que favorece las actividades delictivas, incluidos el terrorismo, la pesca ilegal y el tráfico humano, así como las malas condiciones de trabajo para la gente de mar y los impactos adversos sobre el medioambiente.

La falta de capacidad de los gobiernos africanos para atajar la actividad ilegal en el mar, junto con la poca conciencia y la corrupción, hacen que la identificación de culpables y su enjuiciamiento sea una tarea extremadamente difícil.

Todo ello contribuye a que el abuso de los recursos pesqueros sea extendido y a que quede impune.

Además, en muchos casos las flotas extranjeras que pescan en las aguas del África occidental lo hacen protegidas también por acuerdos secretos que generan muy pocos ingresos para los países africanos. De hecho, según la  FAO, los ingresos de los derechos de pesca en estos países producen alrededor de 400 millones de dólares anuales, mientras que la inversión en el sector pesquero podría aportar a estas economías 3,3 billones de dólares en exportaciones. Entre los ejemplos del informe de la FAO, de 2014, figuran los acuerdos de Mauritania con las flotas chinas, surcoreanas y rusas.

Esto tiene enormes implicaciones para el desarrollo y favorece el debilitamiento de las  instituciones locales que deberían estar centradas en generar empleos sostenibles, salud y educación. En resumen, los problemas asociados con la pesca ilegal van mucho más allá de las aguas costeras de África occidental, y generan personas vulnerables y desesperadas.

Qué es lo que pasa en el mar

Pero ¿qué pasa exactamente en el mar? El océano en general encarna una especial tragedia de los comunes. La “tragedia de los comunes” es una noción explorada por primera vez por Lloyd para transmitir una situación en la que los individuos que se comportan racionalmente según su propio interés actúan en contra de los mejores intereses de la comunidad agotando algún recurso común. Este dilema es extremadamente contemporáneo hoy en día. Está claro que la mayor parte de las empresas que se dedican a la pesca ilegal están actuando en favor de sus propios intereses y sin pararse a pensar que están acabando con los recursos de los que dependen millones de personas y su propio futuro como negocio.

Los “descartes” son un síntoma de la actitud que tienen muchas de estas empresas. Se trata de la práctica de devolver al mar las capturas no deseadas, ya sea muertas o medio muertas, porque son de tamaño insuficiente, de una especie no deseada, o la mayor parte de las veces porque se ha pescado por encima de la cuota, cancelando de hecho la eficacia de ésta. Existen diversos estudios que calculan el nivel de descarte en hasta la mitad de lo que se captura en general. La reforma de la Política Pesquera Común (PPC) de 2013 tiene por objeto eliminar gradualmente este despilfarro, pero ésta no será muy efectiva si no se ponen en práctica otras políticas que la acompañen, como el monitoreo y el determinar las cuotas sobre la base de cálculos científicos de sostenibilidad, y no cálculos políticos.

Otra actividad que usualmente no se monitorea son los transbordos de pescado en alta mar. Un estudio del Overseas Development Institute de Londres –que se centró en la actividad pesquera en 2013 en las aguas de los países del África occidental— señala que algunos de los barcos que faenaron allí realizaron operaciones de transbordo irregulares o ilegales mientras nadie estaba mirando. La investigación se basa en el análisis de datos y visualización en mapas de las señales que emiten los barcos, que son captadas por satélites y estaciones terrestres. Estas visualizaciones de señales emitidas por los barcos permiten “ver” cómo se han comportado los barcos.

Dichas visualizaciones mostraban concretamente a cuatro enormes barcos procesadores y congeladores, conocidos como reefers, realizando cargas de pescado en aguas de Senegal y Costa de Marfil, donde esta operación está prohibida. El gráfico muestra la señal zigzagueante que deja el reefer Sierra Loba en busca de pesqueros que tengan las bodegas llenas para detenerse a recoger pescado. Cada punto muestra dónde se paró el buque transportador una cantidad significativa de horas y cargó el pescado. En 2013, el Sierra Loba llevaba bandera de Antillas Holandesas (una bandera de conveniencia) y estaba siendo operado por Seatrade Reefer Chartering, con sede en Willemstad (Curaçao) y oficinas en Antwerp (Bélgica). Otros dos reefers, los Nova Florida y Nova Zeelandia, parte de la misma flota, se comportaron de forma similar en áreas donde estaba prohibido transferir pescado. Seatrade Reefer Chartering es también la empresa propietaria de Sierra King, un reefer de bandera holandesa que parece estar haciendo transferencias de pescado en varias aguas jurisdiccionales, a pesar de que la legislación europea también prohíbe la entrada de pescado transferido en alta mar sin observadores a bordo.

 

Gráfico: Operaciones ilegales del Sierra Loba en las costas de Senegal

¿Por qué la transferencia de pescado en el mar es tan problemática? La práctica del transbordo de pescado en las zonas exclusivas es muy común y legal en algunos países, pero hay mucha presión para que se prohíba cuando no puede ser supervisada por observadores a bordo de los reefers ya que es un verdadero coladero de pesca ilegal. Si no hay nadie monitoreando esta operación, existe la posibilidad de que pescado legal e ilegal se mezcle sin dejar huella. De hecho la UE prohíbe la entrada de pescado transbordado por buques de la Unión; y en esta región africana, Senegal y Costa de Marfil vedan esta actividad en sus aguas. Después de la publicación del informe de ODI, Guinea la abolió también. Además, en los transbordos sin monitoreo puede ocurrir de todo. Según el Proyecto de Black Fish, “los transbordos entre buques pesqueros son un método común para traficar drogas, contrabandear inmigrantes y armas”.

 

Además, en estos países se están registrando cada vez más enfrentamientos entre pescadores artesanales locales y los industriales. Entre otros muchos, Kelleher y Rottingen han documentado en un informe conflictos de este tipo, especialmente donde los caladeros son pequeños y cercanos a la costa. Un pescador de Sierra Leona, citado en el informe de ODI, afirma extrañar los tiempos de la guerra civil porque “al menos entonces los arrastreros extranjeros que se llevan ahora todo el pescado nos evitaban, y teníamos muchos peces”.

Otro hallazgo de la investigación de ODI es que las cuatro quintas partes de todo el pescado que sale del África occidental se transportan a bordo de contenedores, no en reefers, que hasta hace poco eran el principal método de carga y exportación. El 44% de las exportaciones totales de África occidental está destinado a Europa. El informe señala que existe una rápida y creciente contenerización del pescado. Esto es de vital importancia, porque los contenedores no están sujetos al mismo escrutinio que los reefers por la legislación contra la pesca ilegal de la UE. Los reefers son tratados por la legislación europea como barcos de pesca, y están sujetos al mismo escrutinio, pero los contenedores, no.

Pero perseguir la pesca ilegal e irregular es muy difícil, especialmente si el pescado se ha cargado en medio del mar sin vigilancia. De hecho, la UE, que tiene la legislación anti pesca ilegal más avanzada del mundo, sólo interceptó 26 envíos de pescado en contenedores de todo el mundo en 2012, otros 75 en 2013 y otros 33 en 2014, totalizando 8.000 toneladas métricas de pescado, lo cual es una mínima fracción de lo que importa Europa.

Una cuestión de datos

No existe un único registro de buques pesqueros, cosa que no existe todavía a pesar de que la pesca es un campo altamente “datificado”. Con un número total de buques pesqueros estimado en 4,6 millones, según la FAO, la cantidad de datos relacionados con la pesca es masiva.  Los buques pesqueros de cierto tamaño están obligados a inscribirse en los registros nacionales. Por ejemplo, durante su vida útil un único buque puede acumular varias capas de información cada vez que cambia de empresa propietaria, bandera, operadora o nombre. Asimismo, cuando se dedican a pescar ciertas especies o en ciertas regiones, están obligados a registrarse en organizaciones regionales de pesca como la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (CICAA), que supuestamente vela por la explotación sostenible de los túnidos y que, entre otras cosas, obliga a los atuneros a llevar observadores a bordo. Estos observadores van registrando cada uno de los movimientos de los buques, incluidos transbordos de pecado. Igualmente, todos los barcos pesqueros de más de 15 metros de longitud están obligados a emitir señales con información dinámica que contiene, entre otros datos, la hora, la longitud y la latitud, así como el destino, cada varios minutos. Mientras operan en el mar, deben estas señales son captadas por satélites, receptores de otros barcos y estaciones costeras. Con la aparición de servicios comerciales satelitales en 2010, estos datos están disponibles.

A pesar de esta profusión de datos, no solo la pesca ilegal está fuera de control, sino que existe un desconocimiento sobre cuán grande es el problema realmente a nivel global. De hecho el último informe que cuantifica el valor de la pesca ilegal publicado por un equipo encabezado por David Agnew data de 2007. Este informe calculaba que la pesca ilegal ascendía a un quinto de la captura pesquera mundial, o un valor entre 10.000 y 23.500 millones de dólares anuales. Diez años más tarde nadie ha conseguido calcular el total de lo que representa la pesca ilegal actualmente.

El análisis de datos es una forma de soslayar la falta de recursos para monitorear y patrullar físicamente los océanos. Un ejemplo es el informe de ODI, el primero que examina el fenómeno del transbordo de pescado basándose en análisis de big data, que señala a reefers concretos involucrados en operaciones irregulares que no habían sido detectadas previamente.

Qué podría hacerse

El estudio del ODI calculaba que se podrían haber creado en 2013 más de 300.000 puestos de trabajo en los países costeros de África occidental si ellos mismos hubieran podido explotar sus pesquerías. Ello supondría tener las instalaciones, el conocimiento y la tecnología en los puertos para recibir reefers y contenerizar el pescado, así como para procesar, congelar a baja temperatura y transportar el pescado a los países importadores. Actualmente solo algunos puertos de la costa occidental africana cuentan con este tipo de instalaciones, incluidos Walvis Bay (Namibia), Ciudad del Cabo (Suráfrica), Dakar (Senegal), Abidjan (Costa de Marfil), Lagos (Nigeria) y Tema (Gana), y más allá de las aguas africanas, Las Palmas, el mayor puerto de la región. La cooperación debería incluir la transferencia de conocimiento, inversión y tecnología para que los países de la región pudieran crear una industria propia que garantice el futuro de las comunidades costeras, la sostenibilidad de sus recursos y la generación de valor añadido.

Igualmente, los acuerdos de pesca entre Europa y los países de la región tendrían que ser transparentes, y los ingresos que generan se deberían dirigir a generar puestos de trabajo, crear una industria local sostenible y producir riqueza para la gente.

La prohibición del transbordo de pescado sin observadores debería extenderse a todos los países que exportan pescado a la UE, con la esperanza de que esta medida se ampliara a todos los mercados. Los contenedores de pescado se deberían someter al mismo escrutinio que los reefers.

Asimismo, se tendría que poner en marcha un acuerdo global para considerar la pesca ilegal como delito transnacional. Este es el enfoque defendido por Noruega, que traería consigo que la pesca ilegal recayera bajo la responsabilidad de la Interpol.

Habría que crear un registro único de naves y utilzar todas las posibilidades que da el análisis de datos para vigilar y perseguir la pesca ilegal. Un factor es que el movimiento contra la pesca ilegal aún no ha abrazado la llamada “revolución de datos”, y existe una confusión sobre qué funciona y qué no funciona. En la actualidad, algunas iniciativas están intentando utilizar la infraestructura de datos para luchar contra la pesca ilegal, pero con resultados desiguales. Un análisis de sus fortalezas y debilidades de estos proyectos realizado por ODI sugiere que la eficacia de las iniciativas depende de la solidez de los datos con los que se cuenta; que se requieren alianzas más potentes para reunir, estandarizar y analizar cantidades cada vez mayores de datos sobre la pesca; y que un conocimiento profundo de la industria es clave para interpretar los datos correctamente.

Actualmente solo el 2% del mar está protegido. Las áreas marinas protegidas (AMP) son zonas de mares, océanos, estuarios o grandes lagos que restringen la actividad humana con fines de conservación. Se supone que tales recursos marinos están protegidos por autoridades locales, estatales, territoriales, regionales, nacionales o internacionales, pero el nivel de protección difiere mucho. Esta variación incluye diferentes limitaciones a las prácticas de pesca, las temporadas de pesca y los límites a las capturas, turismo y minería. En algunas situaciones, estas áreas protegidas proporcionan ingresos potencialmente iguales o mayores a los que tendrían los países que las crean si concedieran permisos para pescar. En África occidental hay más de cien áreas protegidas de pequeñas dimensiones. Sin embargo, muchas veces se pesca ilegalmente en AMP donde el patrullaje es escaso o inefectivo. Por tanto, muchas más áreas marinas deberían ser protegidas y monitoreadas, ya sea físicamente como vía satélite o drones.

Además, los países de la región deberían firmar, ratificar y aplicar el Acuerdo de FAO de “medidas del estado rector del puerto destinadas a prevenirdesalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no regulada”. El tratado fue aprobado por la FAO en 2009 pero solo entró en vigor siete años después por falta de firmantes. Hasta la fecha Gabón, Guinea-Bissau y Sudáfrica son los únicos países de la región que han ratificado este acuerdo. A nivel mundial, aunque la UE y Estados Unidos lo han ratificado, importantes naciones pesqueras como China, Corea del Sur y Rusia todavía no lo han hecho. Europa puede hacer mucho por presionar para que así ocurra.

Hay razones convincentes para que Europa ponga fin a la pesca ilegal que le afecta y contribuya activamente a terminar con aquella que ocurre lejos de su esfera de influencia. Seguir como hasta ahora es trabajar con entusiasmo en la desaparición de la principal fuente de proteínas animales en países como Gana, Nigeria y Senegal; terminar con especies de enorme valor tanto para la cadena trófica como para los mercados; y darle alas a otras actividades ilegales que terminan por dejar a la gente sin esperanza de futuro y decidida a traspasar las fronteras europeas o morir en el empeño.

Está claro que si las personas que trabajan en el mar lo hicieran con estándares europeos de seguridad laboral, si las empresas que operan los barcos se registraran en banderas con garantías y control efectivos, y pagaran sus impuestos regularmente, si se pescara de acuerdo con límites científicos de sostenibilidad y se eliminaran los descartes, si se suprimiera la pesca pirata y si se persiguieran efectivamente las actividades criminarles relacionadas, el pescado no sería asequible en muchos casos.

Algunos gobiernos han adoptado discursos que hablan de terminar con la pesca ilegal y mejorar la gestión de los recursos pesqueros, pero, por desgracia, eso no se ha traducido en acciones coherentes con esos discursos. Pero por ahora prevalecen los intereses de una industria que se enriquece con la tragedia de los comunes, potenciada por su poder de lobby y de comprar voluntades, la endeble gobernanza de los mares y la debilidad institucional de muchos gobiernos africanos

Por eso es la hora de que abramos los ojos y exijamos gobiernos coherentes, transparencia, sostenibilidad y mercados justos, así como humanidad y justicia para las personas que lo han perdido todo. Es hora de que dejemos de gozar del acceso a productos de calidad a precios asequibles sin preguntarnos qué consecuencias tiene esto. Es hora de que conectemos los puntos que vinculan nuestro estilo de vida con la desgracia de otros.

 

*Miren Gutiérrez es Directora del Programa “Análisis, investigación y comunicación de datos” de la Universidad de Deusto e investigadora del Overseas Development Institute de Londres, donde ha publicado informes sobre la pesca ilegal y sus consecuencias en el desarrollo.

 

Referencias

Agnew, D.J., Pearce, J., Pramod, G., Peatman, T., Watson, R., Beddington, J.R. y Pitcher, T.J. (2009) ‘Estimating the worldwide extent of illegal fishing’, PLoS ONE 4(2): e4570.

Clemente, Y., N. Catalán, y A. Alonso. March 17, 2017. ‘Inmigrantes en los centros de internamiento en España’. El País. http://elpais.com/elpais/2017/01/26/media/1485449860_474881.html.

Daniels, Alfonso, Miren Gutierrez, Gonzalo Fanjul, Arantxa Guereña, Ishbel Matheson, y Kevin Watkins. 2016. ‘Western Africa’s Missing Fish: The Impacts of Illegal, Unreported and Unregulated Fishing and Under-Reporting Catches by Foreign Fleets’. Londres: Overseas Development Institute. https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/resource-documents/10665.pdf.

FAO (2014a) The Value of African Fisheries. Roma: FAO.

Garthe, Stefan, Kees Camphuysen and Robert W. Furness. 1996. ‘Amounts of discards by commercial fisheries and their significance as food for seabirds in the North Sea’. Marine Ecology Progress Series 136, 1-11. http://www.int-res.com/articles/meps/136/m136p001.pdf

Frontex. 2015. ‘Africa-Frontex Intelligence Community Joint Report’. Frontex publishes Africa-Frontex Intelligence Community (AFIC) Report. http://frontex.europa.eu/news/frontex-publishes-africa-frontex-intelligence-community-afic-report-acjRuQ.

Gutiérrez, Miren y Alfonso Daniels. 2017. ‘Big fish: What it takes – From data to action’. Londres: Overseas Development Institute.

International Labour Office. 2013. ‘Caught at Sea: Forced Labour and Trafficking in Fisheries’. http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_norm/—declaration/documents/publication/wcms_214472.pdf.

Kelleher, K. y Rottingen, A. (2002) Planning cost-effective fisheries. Monitoring, Control and Surveillance in Mozambique. Oslo: NORAD.

Plaut, Martin. January 26, 2017. ‘Europe’s Crackdown on African Immigration Is Hitting Vulnerable Refugees’. The Guardian. https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/jan/26/europe-crackdown-africa-immigration-vulnerable-refugees-sudan-eritrea.

Sharples, Natalie, y et al. 2015. ‘Honest Accounts? The True Story of Africa’s Billion Dollar Losses’. Report by Health Poverty Action, Jubilee Debt Campaign, World Development Movement, African Forum and Network on Debt and Development (AFRODAD), Friends of the Earth Africa, Tax Justice Network, People’s Health Movement Kenya, Zimbabwe and UK, War on Want, Community Working Group on Health Zimbabwe, Medact, Healthworkers4All Coalition, groundWork, Friends of the Earth South Africa, JA!Justica Ambiental/Friends of the Earth Mozambique. https://www.francophonie.org/IMG/pdf/honest-accounts_final-version.pdf.

Phelps Bondarof, Teale N. April, 2015. ‘The Illegal Fishing and Organized Crime Nexus: Illegal Fishing as Transnational Organized Crime’. Black Fish. http://theblackfish.org/Fishing_Crime.pdf.

UNODC (2011) Transnational organized crime in the fishing industry. Focus on: trafficking in persons, smuggling of migrants, illicit drugs trafficking. Viena: United Nations Office on Drugs and Crime.

 

 

 

 

John Banville, en Donostia

Ya es oficial. John Banville se une a Woody Allen, que girará una peli en julio aquí, en inspirarse en nuestra Donostia. Banville, encarnado en Benjamin Black, escribirá un nuevo episodio de las aventuras del famoso forense Quirke.

Banville Aquarium JUN 2019

Nos lo contó anoche en el Aquarium. Con estilo socarrón y unas observaciones fascinantes, Banville habló de sus múltiples personalidades, de por qué solo le interesa el pasado –“pasado somos, el presente no es realidad y el futuro es una fantasía”– y de su búsqueda de la perfección. Aclaración: no es verdad que sea un ventrílocuo aficionado; lo que dijo en algún momento, y varios medios han teriversado, es que para poder hablar en sus novelas con la voz de Raymond Chandler (como Black) en The Black-Eyed Blonde y de Henry James (como Banville) en Mrs Osmond se ha tenido que convertir en un consumado “muñeco de ventrílocuo”.

Ha publicado hasta la fecha 18 novelas como John Banville. Aunque había empezado a publicar en en 1971, su primera gran obra fue Regreso a Birchwood, que se lanzó en 1973. Y luego le siguió la trilogía The revolutions, con tres libros dedicados hombres de ciencia publicados entre 1976 y 1982. Mefisto llegó en 1986, The Ark, en 1996 y The Untouchableen 1997. Posteriormente, creó otra trilogía “The Frames”, entre 1989 y 1995, que versa sobre el arte e incluye El libro de las pruebasFantasmas y Athena. La tercera trilogía, compuesta por Eclipse, Shroud y Antigua luz, escrita entre el 2000 y el 2012, versa sobre el tema de la identidad. En el 2005 publicó The Sea (El mar), The Infinitiesen 2009, The Blue Guitar, en 2015, y Mrs Osmond en 2017.

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Le han otorgado diversos premios, pero solo destaco tres: el Booker Prize en 2005, el Franz Kafkae en 2011, considerado la antesala del Premio Nobel, y en 2014 el Príncipe de Asturias.

En 2006 comienza la prolífica carrera de Benjamin Black, su alter ego, que ya cuenta con diez novelas (siete de ellas de la serie del forense Quirke) y que ha cosechado también premios como el RBA de novela negra en 2017.

 

“Femvertising”: estrategias de empoderamiento femenino en la publicidad española

Advertising is a particularly representative case of Popular Culture. Recently, the terms Femvertising and Ad-her-tising have been coined to refer to female-targeted advertising that exhibits qualities of empowering women, feminism, female activism, or women leadership and equality. This article argues that companies producing these female-empowering advertisements show different degrees of commitment to equality, but in certain cases, they intend to manipulate users for bigger profits with faux activism. However, feminist strategies in advertising have the potential to disrupt gender norms, and users have the capacity to express dissatisfaction with such tactics. The research on the Spanish market is very limited; therefore, this article will explore and compare two contemporary advertising campaigns by companies Kaiku and Desigual to reveal strategies that in certain cases show progress in terms or the advancement to gender equality, but in other instances they reinforce inequality by the reproduction of stereotypes. A detailed analysis of the Desigual advertisement “Tú decides” illustrates the power of users to reject a pseudo-feminist campaign. Keywords:

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Ser periodista en tiempos de bulos

*Entrevista para Aritz Alcubilla, Amaia Gallastegi y Leire Fernández, de la Universidad de Deusto

  1. ¿Qué criterios sigues para deducir si una noticia que te llega es verdadera o falsa?

Como lectora o televidente, en un primer momento, inevitablemente pienso si me suena cierto lo que dice la noticia. Digo “inevitablemente” porque es algo que hacemos todos y todas sin poderlo evitar: colocamos las cosas que leemos u oímos en los cajones de “creíble” o “no creíble” de acuerdo con nuestros propios prejuicios. Pero esto no es garantía.

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Así que pasamos a la segunda fase: ¿Quién es la fuente? ¿Es creíble? ¿Practica el periodismo o un sucedáneo? Esto es muy importante. Porque quien practica el periodismo pone en práctica sistemáticamente el método periodístico, que es la verificación de los hechos, como prescriben Bill Kovach y Tom Rosenstiel en “Los elementos del periodismo”.

La tercera fase dicta comprobar si otros medios periodísticos fidedignos emiten la misma información. Si las respuestas son afirmativas a las tres, es decir me suena creíble, está publicada por una fuente creíble y otras fuentes creíbles la confirman, entonces estamos seguramente ante una noticia verdadera.

En caso de que seas un o una periodista, tienes más recursos. Puedes acudir a la fuente original, confirmar los hechos, hacer los números de forma autónoma, investigar en fuentes secundarias, hablar con expertos y expertas independientes que puedan explicar lo que hay detrás de la noticia; vamos, hacer periodismo.

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  1. ¿Es fácil identificar ‘fake news’?

A veces muy fácil. Otras veces no. Si leo que Podemos ha exigido que todos los presos de España cobren 655 euros al mes con dos pagas extras, me mosqueo. Y de hecho, nunca han dicho eso. Fue un bulo. Pero si leo que Pablo Casado ha dicho: “haré lo posible para impedir que el Salario Mínimo Interprofesional suba a 900 euros” podría tender a creerlo, dado que tengo sesgos progresistas. Sin embargo, Casado nunca ha dicho esto exactamente. No hay ninguna entrevista, declaración pública o tuit con ese entrecomillado. Y de hecho es un entrecomillado falso de la web Libre diario digital que destapó maldita.es.

¿Qué nos dice este ejemplo también? Si estamos de acuerdo con todo lo que nos llega por plataformas de redes sociales hay que sospechar: los algoritmos de estas plataformas están entrenados para mostrarnos sobre todo aquello con lo que estamos conformes.

  1. En caso de publicar una noticia falsa mal contrastada y darse cuenta a posteriori, ¿qué debería hacer un buen periodista?

Nadie es perfecto ¿no? El o la periodista decente que publica en un medio decente se puede equivocar de buena fe. Así que pide perdón y publica la información correcta con la misma preeminencia que la falsedad y cuanto antes. Retirar de la web la noticia falsa (aunque no se haya podido evitar su circulación inicial) es también aconsejable.

  1. ¿Qué consejos le darías a un periodista que acabe de entrar el mundo laboral del periodismo?

Que ponga en práctica los principios que se plantean en “Los elementos del periodismo”, que comienzan por decir que la principal tarea del/a periodista es buscar la verdad. Que sea consciente de la vital importancia de su trabajo en estos tiempos de bulos: los y las periodistas de hoy son personas con la preparación para poder detectar y destapar falsedades.  Que sea consciente de sus propios sesgos y prejuicios, y que los ponga a prueba sistemáticamente.

Una empresa que gestiona big data para la CIA manejará también los datos mundiales de alimentación y pobreza

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (conocido por sus siglas en inglés ICIJ) acaba de poner a disposición de periodistas, investigadores y activistas una nueva herramienta, DataShare, que permite analizar y conectar informes largos y tediosos, así como documentos en diferentes formatos, como fotografías y PDF, con unos pocos clics. DataShare se basa en parte en la tecnología que el grupo de investigación desarrolló para analizar los Papeles de Panamá, por ejemplo. Una buena noticia.

Los periodistas estábamos pensando en sus posibles aplicaciones cuando nos cayó una losa informativa: la empresa de software financiada por la CIA e involucrada en tareas de inteligencia y contratos con el Ejército de Estados Unidos para diversas agencias de US, Palantirhabía firmado un acuerdo con el Programa Mundial de Alimentos de la ONU (conocido como WFP) para analizar datos. Estamos hablando de los datos de 90 millones de personas muy vulnerables que el WFP ayuda a sobrevivir de diversas partes del mundo azotadas por guerras, hambrunas y desastres.

Las reacciones de los activistas que trabajan en el terreno de la protección de datos y privacidad se produjeron inmediatamente. Un grupo de 62 organizaciones, iniciativas y personas relevantes enviaron una carta abierta a David Beasley, director del WFP, y a varios de sus colegas para expresar su alarma y demandar que, entre otras cosas:

– Dé a conocer los términos del acuerdo en una muestra de transparencia y se comprometa a ser transparente con los contratos que firme con empresas privadas en el futuro.

– Divulgue información tanto sobre el proceso que llevó a la decisión de comprometerse con Palantir, como sobre la evaluación que acredita que Palantir cumple con las Directrices de Negocios y Derechos Humanos de la ONU.

– Establezca un panel independiente para revisar el plan del proyecto y las salvaguardas.

– Tome todas las medidas necesarias para enmendar el acuerdo a fin de garantizar la privacidad y la seguridad de las personas a las que presta servicios el WFP.

¿Por qué la alarma? Para empezar, el WFP está dirigido por David Beasley, partidario del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump; irónicamente, Trump ha estado reduciendo las contribuciones de los EEUU a la ONU. Las tácticas predatorias de Palantir para captar datos y código han llamado ya la atención.

En 2011, una empresa llamada I2 Inc demandó a Palantir alegando que había obtenido ilícitamente su algoritmo. Al final Palantir acordó pagar a 12 Inc unos 10 millones de dólares. También en 2011, Anonymous reveló un plan, que involucra a Palantir, para atacar a WikiLeaks. Palantir terminó disculpándose por su participación en el plan. Y en 2018, Christopher Wylie, un directivo de Cambridge Analytica (la compañía que obtuvo los datos de Facebook de 50 millones de votantes de EEUU), respondió en una investigación parlamentaria en el Reino Unido que los empleados de Palantir habían obtenido los datos en el “centro del escándalo de privacidad” que involucraba a Facebook. Palantir primero negó cualquier contacto con Cambridge Analytica, pero luego admitió que uno de sus empleados sí se había comunicado con dicha empresa. Este es el tipo de compañía con la que se asocia la agencia de la ONU.

Las 62 organizaciones que han firmado la carta a Beasley aseguran que algunos riesgos que conlleva este acuerdo incluyen:

– Desanonización. Cuando se fusionan y analizan grandes conjuntos de datos aunque sean anonimizados, que es la base del modelo de negocio de Palantir, se puede llegar a la identificación de las personas detrás de ellos. Incluso cuando los datos se almacenan por separado, el “efecto mosaico” presenta un riesgo. Una investigación de Harvard  indica que las formas tradicionales de privacidad y anonimización de datos que se centran en  eliminar información personal de los datos son “insostenibles e ineficaces”.

– Parcialidad. Otro riesgo involucra el uso de algoritmos para lanzar alarmas de “posible uso indebido”. El problema es que, para analizar los datos de WFP, seguramente Palantir usará sus propios algoritmos que (como todos los algoritmos) pueden contener sesgos. Pero es imposible saber qué sesgos pueden incorporarse a estos modelos. Se sabe que el filtrado algorítmico tiene un alto riesgo de incorporar sesgos y produce resultados de confiabilidad variable,  especialmente en el contexto de los datos relativos a poblaciones muy diversas.

– Derechos de datos. La última declaración del WFP indica que conserva el control total sobre los datos, el análisis y los resultados. Sin embargo, no explica qué significa “control” en un sentido legal, o si ese control incluye los algoritmos, datos con los que se les “entrena”, o inferencias hechas por tales modelos.

– Costos futuros: Si bien el acuerdo puede ahorrar dinero a corto plazo, también se deben evaluar los costos a largo plazo. Los costos de usar el sistema pueden aumentar con el tiempo, como lo experimentan otros clientes de Palantir, quienes se han quejado sobre la política de precios opacos de Palantir.

– Perjuicio de los principios humanitarios. El acuerdo puede socavar los principios humanitarios fundamentales del WFP. Por ejemplo, el WFP es un signatario de los Principios para el Desarrollo Digital, que establecen el uso transparente, inclusivo y equitativo de la tecnología.

– Transparencia y rendición de cuentas. Nada se ha compartido de forma transparente sobre el proceso en el que el WFP se ha comprometido con Palantir. Dada la gravedad de estas preocupaciones, la construcción de controles transparentes, tales como auditorías de terceros, adquisiciones abiertas y transparencia de contratos, parece esencial, dado el mandato que tiene el WFP de  defender la protección de los derechos humanos en todo el mundo.

Los gigantes Goliat siempre dominarán el panorama tecnológico; pero ¿tenemos que darles también acceso e información sobre las personas vulnerables que dependen de los programas de alimentos del WFP? Es verdad que las agencias de la ONU tienen enormes presiones de sus donantes para parecer y ser eficientes. Pero ¿no sería mejor que la ONU desarrollara herramientas propias, que pueda controlar, con organizaciones sin afán de lucro que compartan los valores de transparencia? No puedo dejar de preguntarme acerca de los David de este mundo que, como ICIJ, están tratando de utilizar la infraestructura de datos (es decir, el hardware, el software y los procesos necesarios para transformar los datos en valor) para aumentar la transparencia y la responsabilidad de los poderosos. El acuerdo entre Palantir y WFP suena como pedirle al despiadado Goliat que gobierne con justicia, responsabilidad y empatía.

The differences between the data Goliaths (e.g. Palantir) and the data Davids (e.g. ICIJ)

Today I woke up with a piece of good news. ICIIJ was offering a new tool, called DataShare, so journalists (and also researchers and civil servants, I guess) could analyse long reports, in different languages and formats (e.g. image, PDF, text). Datashare is based on some of the same technology that helped ICIJ publish its biggest projects (i.e. Panama Papers and Paradise Papers). but instead of relying on ICIJ’s servers, Datashare can be installed on your own computer.

I was just imagining DataShare’s applications for my research when I heard that CIA-funded software firm Palantir has signed an agreement with the  UN’s World Food Programme to analyse its data. Immediate reactions from privacy and data protection activists ensued: Jieke Jansen wondered on her Twitter account: “The promotes Freedom of Information request across the world. But why can’t I the ? How can we have access to the and impact assessment of Palantir deployment at if they are not subjected to the same standards they promote?”

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Kersti Wissenbach would say: “Horrifying new partnership deal between and putting millions of food aid recipients at risk

Zara Rahman commented also on her Twitter account: “Horribly irresponsible and potentially incredibly harmful, new agreement between WFP and CIA-funded company Palantir. “Finding cost efficiencies” is no excuse for putting recipients of aid at risk.”

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I cannot help but wonder about the data Davids of this world who, such as ICIJ, are trying to utilise the data infrastructure (that is, the hardware, software and processes needed to transform data into value) to increase the transparency and accountability of the powerful. The data Goliaths –including the likes of Facebook, Palantir, Google and Cambridge Annalytica– will always dominate the technology landscape; but please, let’s not give them also access and data about the vulnerable people who depend on the WFP’s food programmes.

WFP is led by David Beasley, a US President Donald Trump’s supporter; ironically, Trump has been reducing US contributions to the UN. Palantir’s predatory data- and code-grabbing tactics have raised eyebrows. In 2011, a company called I2 Inc sued Palantir claiming it had illicitly obtained its algorithm; they settled out of court for $10 million. In 2011 too, Anonymous revealed a plan, involving Palantir, to attack WikiLeaks, but the company ended up apologising for its involvement in the plan. And in 2018, Christopher Wylie, the former research director of Cambridge Analytica—the company that obtained the Facebook data of 50 million US voters— told a parliamentary inquiry in the UK that Palantir employees had obtained the data at the “heart of the privacy scandal” that engulfed Facebook. The company first denied any contact with Cambridge Analytica, but later admitted that one of its employees had indeed communicated with Cambridge Analytica. This is the kind of company the UN agency is partnering with.

The WFP deal sounds like asking the ruthless Goliath to rule with fairness, responsibility and empathy.

Playing with data and its consequences

Stefania Milan and I have just published a new article at First Monday about the consequences of “playing with data” for activists. Check it out.

Abstract:

The fundamental paradigm shift brought about by datafication alters how people participate as citizens on a daily basis. “Big data” has come to constitute a new terrain of engagement, which brings organized collective action, communicative practices and data infrastructure into a fruitful dialogue. While scholarship is progressively acknowledging the emergence of bottom-up data practices, to date no research has explored the influence of these practices on the activists themselves. Leveraging the disciplines of critical data and social movement studies, this paper explores “proactive data activism”, using, producing and/or appropriating data for social change, and examines its biographical, political, tactical and epistemological consequences. Approaching engagement with data as practice, this study focuses on the social contexts in which data are produced, consumed and circulated, and analyzes how tactics, skills and emotions of individuals evolve in interplay with data. Through content and co-occurrence analysis of semi-structured practitioner interviews (N=20), the article shows how the employment of data and data infrastructure in activism fundamentally transforms the way activists go about changing the world.

Good Data are Better Data

By Miren Gutierrez

This report was originally published by the Institute of Network Cultures

Good Data ProjectAre big data better data, as Cukier argues? In light of the horror data and AI stories we witnessed in 2018, this declaration needs revisiting. The latest AI Now Institute report describes how, in 2018, ethnic cleansing in Myanmar was incited on Facebook, Cambridge Analytica sought to manipulate elections, Google built a secret [search?] engine for Chinese intelligence services and helped the US Department of Defence to analyse drone footage [with AI], anger ignited over Microsoft contracts with US’s Immigration and Customs Enforcement (ICE) use of facial recognition and internal uprisings arose over labour conditions in Amazon. These platforms’ data-mining practices are under sharp scrutiny because of their impact on not only privacy but also democracy. Big data are not necessarily better data.

However, as Anna Carlson assures, “the not-goodness” of data is not built-in either. The new book Good Data, edited by Angela Daly, Kate Devitt and Monique Mann and published by the Institute of Network Cultures in Amsterdam, is precisely an attempt to demonstrate that data can, and should, be good. Good (enough) data can be better not only regarding ethics but also regarding technical needs for a given piece of research. For example, why would you strive to work with big data when small data are enough for your particular study?

Drawing on the concept of “good enough data”, which Gabrys, Pritchard and Barratt apply to citizen data collected via sensors, my contribution to the book examines how data are generated and employed by activists, expanding and applying the concept “good enough data” beyond citizen sensing and the environment. The chapter examines Syrian Archive –an organization that curates and documents data related to the Syrian conflict for activism— as a pivotal case to look at the new standards applied to data gathering and verification in data activism, as well as their challenges, so data become “good enough” to produce evidence for social change. Data for this research were obtained through in-depth interviews.

What are good enough data, then? Beyond FAIR (findable, accessible, interoperable and reusable),  good enough data are data which meet standards of being sound enough in quantity and quality; involving citizens, not only as receivers, but as data gatherers, curators and analyzers; generating action-oriented stories; involving alternative uses of the data infrastructure and other technologies; resorting to credible data sources; incorporating verification, testing and feedback integration processes; involving collaboration; collecting data ethically; being relevant for the context and aims of the research; and being preserved for further use.

Good enough data can be the basis for robust evidence. The chapter compares two reports on the bombardments and airstrikes against civilians in the city of Aleppo, Syria in 2016; the first by the Office of the UN High Commissioner for Human Rights (OHCHR) and the second by Syrian Archive[1]. The results of the comparison show that both reports are compatible, but that the latter is more unequivocal when pointing to a Russian participation in the attacks.

Based on 1,748 videos, Syrian Archive’s report says that, although all parties have perpetrated violations, there was an “overwhelming” Russian participation in the bombardments. Meanwhile, the OHCHR issued a carefully phrased statement in which it blamed “all parties to the Syrian conflict” of perpetrating violations resulting in civilian casualties, admitting that “government and pro-government forces” (i.e. Russian) were attacking hospitals, schools and water stations. The disparity in the language of both reports can have to do more with the data that these organizations employed in their reports than with the difference between a bold non-governmental organization and a careful UN agency. While the OHCHR report was based on after-the-event interviews with people, Syrian Archive relied on video evidence from social media, which were then verified via triangulation with other data sources, including a network of about 300 reliable on-the-ground sources.

The chapter draws on the taxonomy offered in my book Data activism and social change, which groups data-mining methods into five categories:

The chapter also looks into the data practices of several activist and non-activists groups to make comparisons with the Syrian Archive’s methods. The Table below offers a comparison among different data activist organizations’ data-mining methods. It shows the variety of data methods and approaches that data activism may engage / employ.

 

Table: Comparison of Data Initiatives by Their Origins

The interest of this exercise is not the results of the investigations in Syria, but the data and methods behind them. What this shows us is that this type of data activism is able to produce both ethically and technically good enough data to generate reliable (enough) information, filling gaps, complementing and supporting other actors’ efforts and, quoting Gabrys, Pritchard and Barratt, creating actionable evidence that can “mobilize policy changes, community responses, follow-up monitoring, and improved accountability”.

[1] The report is no longer available online at the time of writing.