Lo que sigue es un fragmento de una entrevista con Miren Gutiérrez, Directora del Programa “Análisis, investigación y comunicación de datos” de la Universidad de Deusto, realizado para un proyecto sobre vigilancia corporativa en la Universidad de Amsterdam.

  1. ¿Cuán consciente es usted de actos de vigilancia de activistas por parte de las corporaciones? Si lo es, ¿cree que este conocimiento es común entre los/as activistas?

Personalmente, soy muy consciente, pero me he enfrentado a estos problemas antes: como periodista de investigación, como activista y ahora como investigadora. Como periodista de investigación en Panamá en la década de los noventa, nos seguían en coche, teníamos los teléfonos pinchados, se vigilaban nuestras comunicaciones electrónicas y “compañeros” periodistas que trabajaban encubiertamente para el gobierno nos espiraron dentro del diario para el que trabajábamos. Detrás de la vigilancia había también intereses corporativos. Más tarde, también he sido una activista con Greenpeace  involucrada en protestas y acciones directas, entendidas como un acto prominente y público diseñado para llamar la atención o revelar un problema (por ejemplo, la invasión de una planta nuclear en 2011). Pero creo que los/as activistas en general son mucho más conscientes de la vigilancia gubernamental que de la vigilancia corporativa.

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Es por eso que es tan impactante cada vez que escuchamos sobre un caso de vigilancia corporativa a organizaciones sin fines de lucro. Sin embargo, la vigilancia corporativa siempre ha estado ahí; al fin y al cabo, las empresas tienen una larga historia de espionaje entre ellas. En 2008, por ejemplo, Mother Jones reveló que Dow Chemical espió a grupos ecologistas y activistas alimentarios, examinó su basura, pirateó sus computadoras y empleó vigilancia electrónica. En 2013, un informe titulado Spooky Business hablaba sobre varios casos de espionaje corporativo contra organizaciones sin fines de lucro. Y en 2017, nos enteramos de que compañías como Porsche y British Airways se encontraban entre un grupo de grandes compañías que pagaban a las firmas de inteligencia y usaban infiltrados para monitorear a activistas y grupos políticos que desafiaban sus negocios. La diferencia es que, con la infraestructura de datos y otras tecnologías, como los drones y la información satelital, ahora la vigilancia tiene mucho más músculo.

  1. ¿Cuán grande es el problema de la vigilancia de las corporaciones en el activismo?

Depende tanto de cuán outsider sea la organización activista y de cuánta presión haya puesto sobre una empresa. La vigilancia corporativa es muy seria para las organizaciones outsider que trabajan contra el abuso corporativo. Sin embargo, muchas organizaciones de campaña intentan trabajar con las corporaciones. No todas las organizaciones del tercer sector participan en protestas, y de ellas, solo un número limitado recurre a la acción directa. Diferentes organizaciones tienen diferentes enfoques y métodos para cambiar el mundo.

  1. ¿Qué acciones crees que funcionan más eficazmente para contrarrestar los actos de vigilancia?

Lo más importante es proteger físicamente a los/as activistas, y parte de ello incluye aislar y proteger sus comunicaciones y planes. La información sobre estrategias de campaña es primordial. Es por eso que las organizaciones recurren mucho a encriptar sus comunicaciones, a buscar canales de comunicación alternativos y a tácticas de distracción.

  1. ¿Cuál cree que es la lucha del activismo más importante en lo que se refiere a las corporaciones hoy en día?

Yo diría que hay dos áreas principales de lucha. En primer lugar, la lucha contra los abusos contra los derechos humanos cometidos por empresas, que incluyen la generación de pruebas, la denuncia efectiva de los abusos, la sensibilización y la presentación de los culpables ante los tribunales de justicia. Un ejemplo de una organización denunciante es InfoAmazonia, que emplea imágenes satelitales, periodismo y mapas críticos en la región amazónica para exponer el abuso corporativo y gubernamental contra las comunidades indígenas y el medio ambiente, utilizando las mismas técnicas que utilizan las corporaciones para espiar a organizaciones sin fines de lucro y revertiendo la dataveillance o vigilancia de datos.

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La segunda área principal es la lucha contra las externalidades negativas ambientales, climáticas, culturales y sociales generadas por actividades corporativas. Por ejemplo, las compañías petroleras se benefician de la perforación, pero no pagan por los costos en la salud de las personas, ambientales, climáticos y sociales de la perforación; algunas de ellas incluso reciben subsidios para perforar. Esto equivale a un doble subsidio. Pero si los gobiernos lo eliminaran, la perforación no tendría sentido económico. Esta es una lucha que incluye todo tipo de problemas, desde costos de limpieza de contaminación, peligros de seguridad pública, pérdida de biodiversidad, cambio climático, prácticas de comercio desleal, deforestación, desplazamiento de comunidades indígenas, descartes de peces, plásticos en los océanos, etc.

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  1. ¿En qué medida puede tener el conocimiento de la vigilancia corporativa un “efecto de cohibición” o crear una sensación de control?

Me atrevo a decir que para algunas organizaciones que trabajan en entornos relativamente seguros, esto es más un obstáculo que un inhibidor.

Pero no hay duda de que la vigilancia corporativa puede tener el efecto de cohibir, especialmente si se combina con una situación de violencia en lugares peligrosos donde los/as activistas son asesinados/as con impunidad. ¿En qué medida? No lo sé. Un ejemplo puede verse en la lucha por el medio ambiente, que confronta directamente a algunos/as activistas contra empresas, y al revés. Los/as activistas ambientales están siendo asesinados/as en números récord (casi cuatro a la semana en todo el mundo en 2017, según Global Witness). Y según una investigación de The Guardian, la mayoría de los activistas ambientales asesinados/as mueren sistemáticamente sin testigos, en lugares remotos afectados por la minería, grandes proyectos de infraestructura, tala ilegal y agronegocios, y sus asesinos son “presuntamente” contratados por corporaciones o fuerzas estatales que rara vez son arrestados o identificados. Supongo que estos asesinatos son parte de estrategias más amplias que incluyen el espionaje y otras tácticas para localizar, identificar y atacar a las víctimas.

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Otra cosa que sucede regularmente es llevar a los activistas ante los tribunales, de nuevo en combinación con tácticas de espionaje. Primero, una empresa puede obtener información sobre organizaciones sin fines de lucro y luego puede llevar a la ONG ante los tribunales. No recuerdo casos que conectan estas dos prácticas, pero supongo que sucede todo el tiempo. Lo que es cierto es que, en ciertos países, las ONG sufren una persecución judicial. Desde la aprobación de una ley en 2016 que regula las ONG, en Rusia se están persiguiendo a organizaciones sin fines de lucro desde los tribunales.

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En otras palabras, la vigilancia corporativa, en combinación con la acción judicial y la violencia, puede ser un verdadero elemento de disuasión para la acción social y la protesta.

Esta situación también tiene implicaciones más amplias para las libertades civiles y la democracia. El derecho a la privacidad y la libertad de expresión no debe ser violado debido a que los/as activistas no estén de acuerdo o protesten contra las corporaciones. Muchas de estas actividades de espionaje parecen ilegales, o al menos no son éticas, y son injustas, dada la diferencia de recursos entre activistas y corporaciones. El problema aquí es que, si bien existe indignación por la intrusión masiva por parte de agencias gubernamentales como la NSA en los EE. UU., poco se dice y se hace sobre el espionaje corporativo de las organizaciones sin fines de lucro. Es decir, desde el caso de Snowden, las campañas contra la vigilancia se han centrado en el sector público, pero rara vez se habla de vigilancia corporativa.

  1. ¿Cómo ve el papel de los gobiernos y las fuerzas policiales en los actos de vigilancia de los activistas?

En algunos casos los gobiernos incluso colaboran en la vigilancia corporativa. Pero, en términos generales, son pasivos, lo que explica por qué la mayoría de los asesinatos de activistas siguen sin resolverse.

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En otros  casos, el gobierno y la ley se ponen al servicio de la justicia, pero esto solo sucede si el caso es prominente. Un ejemplo es la disculpa que publicó en 2015 Jean-Luc Kister, quien fue parte del servicio de inteligencia francés, por participar en la operación para hundir el Rainbow Warrior hace más de treinta años. Fernando Pereira, fotógrafo activista, murió en el bombardeo. En 2015 también, la empresa de energía francesa estatal EDF recibió una multa de 1,5 millones de euros por parte de un tribunal de París por espiar a Greenpeace. Basado en los documentos de Snowden, AI llevó al gobierno del Reino Unido ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por prácticas de vigilancia masiva, realizadas con colaboración corporativa. Pero estos son casos aislados que dependen de su magnitud, la eminencia de la organización y la prevalencia del estado de derecho. Miles de activistas mueren en el anonimato.

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